Calculan que en el país existen 1,2 millones de vehículos indocumentados y los anuncios de legalización han elevado los precios. Desde Alianza Libre proponen una ley estricta que puede nacionalizar 120 mil unidades y devolver vehículos robados
“Aproveche la nacionalización, carros a pedidos desde el año 1988 hasta 2024, todas las marcas y modelos, menos chinos. Haga su consulta para reserva, traemos para reponer el viejito, nada de robados. Más información al WhatsApp (…)”, dice uno de los varios anuncios similares en grupos de Facebook dedicados a la compra y venta de vehículos indocumentados, conocidos popularmente como autos chutos.
Este tipo de mensajes han inundado las redes sociales desde que varios candidatos a la Presidencia, como Jhonny Fernández, Eduardo del Castillo, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, iniciaron sus campañas electorales con la promesa de legalizar los vehículos indocumentados que transitan en el país, más aún cuando los dos frentes que se verán en la segunda vuelta han sostenido que la nacionalización beneficiará a más de 250 mil propietarios y generará ingresos medios para las arcas del Estado.
De hecho, los precios de los autos chutos se dispararon en las más de 70 ferias del rubro que existen en el país, como las de Patacamaya (La Paz), Challapata (Oruro); Chimoré, Ivirgarzama, Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos y Bulo Bulo (Cochabamba) y los valles cruceños.
Según un reporte del portal Correo del Sur, en Challapata, por ejemplo, el precio de un ‘jeep’ Mitsubishi Pajero Mini pasó de Bs 12.000 a Bs 38.000, y otros motorizados superan los Bs 100.000. Incluso, este efecto, sumado a la cotización del dólar paralelo, han contagiado al mercado de vehículos legalizados formalmente, con incrementos de hasta 50%.
Una propuesta electoral
EL DEBER solicitó a los dos partidos que participarán de la segunda vuelta electoral, el 19 de octubre, que expliquen sus propuestas de nacionalización de vehículos y solo la Alianza Libre hizo llegar sus respuestas a un cuestionario. En el Partido Demócrata Cristiano (PDC) prometieron que responderían, pero hasta el cierre de la presente nota, no se pudo conocer la propuesta.
“Alianza Libre está abierta a una regularización única, estrictamente técnica y con tolerancia cero al delito, orientada a dar seguridad jurídica a los propietarios de buena fe, excluir y devolver todo vehículo robado, cerrar brechas fiscales, ordenar el parque automotor y no ampliar el subsidio a combustibles. Es una medida excepcional y no repetible, anclada en verificación internacional de VIN (Número de Identificación Vehicular), RTV (Revisión Técnica Vehicular) y SOAT (Seguro de Accidentes de Tránsito) obligatorio”, resumió Libre en su posición sobre el tema que, anunciaron, será plasmada en un proyecto de ley.
Cabe señalar que la última nacionalización se dio a través de la Ley 133 de 2011, que creó un programa de saneamiento incluso para maquinaria agrícola. Según registros de prensa de la época, se registraron más de 128.000 vehículos, unos 30.000 fueron depurados por inconsistencias o reportes de robo, principalmente de Chile y Brasil. Quedaron 97.600 para legalización.
De acuerdo con el frente liderado por Jorge Tuto Quiroga, el “objeto y alcance” del proyecto es para la regularización única y excepcional para vehículos ingresados antes del 31 de julio de 2025, pero prohibido para vehículos robados o con VIN adulterado. Se excluirán vehículos con alteraciones estructurales críticas o que no superen RTV/emisiones.
Así también se realizarán consultas obligatorias de VIN con Interpol y autoridades de Chile, Brasil, Perú y Argentina y, si figura como robado, se comisará y restituirá al país y propietario de origen. La nacionalización se limitará a máximo un vehículo por titular persona natural y se sancionará el fraude con “penas mayores”.
Según Alianza Libre, en un “escenario conservador” se podrían admitir 50 mil vehículos con una tasa promedio de Bs 6.000 y se lograría una recaudación de Bs 300 millones, mientras que en un “escenario alto”, se admitirían 120 mil vehículos con una tasa promedio de Bs 8.500, para lograr una recaudación de Bs 1.020 millones.
Al mismo tiempo, desde Libre descartaron que el proyecto de ley pueda incentivar el robo de vehículos en países vecinos, “si se respetan ciertos criterios” como los propuestos.
También negaron que se incremente el consumo de combustibles subvencionados, ya que los autos chutos actualmente circulan con gasolina que es comprada en el mercado negro de combustibles (revendida). “Por tanto, el balance de incremento de combustibles no registra un marcado crecimiento, sino más bien un ordenamiento en el consumo legal”, dijeron.
En el mini-borrador de proyecto de ley, explicado a EL DEBER, Libre remarcó que se creará el Registro Único de Regularización (RUR), tope de litros de combustibles subsidiados por placa, bono por retiro de unidades no aptas (chatarrización) y prohibición de nuevas amnistías por 10 años (no repetibilidad), entre otras medidas.
Daños al Estado y al mercado
Un empresario del sector automotriz, quien prefirió guardar su nombre en reserva, lamentó que se aproxime una nueva legalización de autos chutos, porque se legalizaría el delito, aunque el vehículo no sea robado, porque “el contrabando es delito”, dijo.
“Tenemos información que, con la noticia que se van a legalizar, está entrando mucho vehículo de Iquique y eso provoca robos, asaltos, asesinatos, muertes, cambios de vehículos por droga, porque hay mucho de eso (…). Ya estamos siendo llamados desde Chile, desde Brasil, de que los asaltos y robos de autos están proliferando”, manifestó.
Según la información que maneja el empresario, en 2024 ingresaron al país unos 120 mil vehículos indocumentados a un precio promedio de $us 9.000. “Alrededor de 1.200.000 vehículos chutos están distribuidos entre todas las provincias de Bolivia y el 90% no tiene placa. Solamente en un millón (de vehículos) a un precio promedio de 9.000 dólares, estamos hablando de aproximadamente 460 millones de dólares que se evaden de tributos aduaneros al año, sin contar que existen impuestos sobre ventas como el IVA, el IT y el IUE”, detalló.
El ejecutivo lamentó también que, como casi todos los años, las concesionarias tenían proyectado importar entre 50 mil a 60 mil vehículos, pero por la crisis, escasez de dólares y diésel, entre otros problemas, solo se llegará a importar 18 mil motorizados en 2025. “El sector, que soporta alrededor de 7 mil fuentes de trabajo directas, obviamente, se ha (visto) disminuido y va a ser peor todavía con la nacionalización de los autos chutos”, aseveró.
Mencionó que las concesionarias tienen una actividad muy controlada, por ejemplo, por la Defensoría del Usuario y del Consumidor, que obliga a brindar una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros por vehículo vendido. “Los chutos son inseguros, la mayoría viene con volante a la derecha y les hacen un cambio de volante en Chile para poder entrar a Bolivia; están mal hechos, a la rápida, son un peligro y por eso vienen los accidentes”, remarcó.
Señaló también que las normativas laxas en Bolivia contribuyen a la ilegalidad, como la falta de una ley de seguridad vial y la Revisión Técnica Vehicular que se puede “comprar” a tramitadores.
“Pero más allá de las cifras, lo más preocupante es que este flujo de autos chutos está directamente vinculado al lavado de dinero del narcotráfico, de la trata de personas y del tráfico de armas. Este ofrecimiento electoral puede encuadrarse como apología del delito”, cuestionó.
Punto de vista
Roger Banegas – Economista
Se puede apreciar desde cuatro esferas o perspectivas, considerando que en Bolivia podrían existir entre 500.000 y 750.000 autos indocumentados:
- Visión política: intenta capturar los votos provenientes de los propietarios de estos vehículos, aspecto redituable en favor de quien ofrece esta propuesta de legalización.
- Visión económica: suponiendo un promedio de 1.500 dólares por vehículo legalizado y asumiendo una efectividad mínima del 70% de la política. En consecuencia, habría una recaudación potencial entre 500 y 800 millones de dólares. Por otra parte, habría una afectación, en el sector formal de las comecializadoras de vehículos, que ya están golpeadas económicamente por la inestabilidad cambiaría del país.
- Visión internacional: podría tener una afectación de desinstitucionalización o deslegitimidad, con los países y gobiernos vecinos, por hacer legal lo ilegal, y por la dudosa procedencia de los vehículos.
- Impacto ambiental: vehículos indocumentados más antiguos provocan daño al medio ambiente.
Todos estos son costos de oportunidad, se gana en algo y se pierde por otra parte.
Finalmente, con los precios actuales de combustible, se afectará económicamente a las finanzas públicas vía aumento de la subvención. Si sube el precio de la gasolina y el diésel a precios de mercados internacionales, se tendrán más vehículos, pero los propietarios no tendrán dinero para ponerle combustible, por la situación del país.
Rechazo internacional por ‘incentivo del delito’
El entredicho surgido entre el candidato Rodrigo Paz con algunos políticos chilenos por su anuncio de nacionalización subió de tono la semana pasada cuando el boliviano acusó sobre una presunta complicidad de Carabineros de Chile en el tráfico de vehículos chutos.
El primero en reaccionar fue el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, quien manifestó que “en Chile somos convencidos de que el Estado de derecho implica el respeto irrestricto a las leyes”.
A su vez, la ministra vocera de Chile, Camila Vallejo, anunció que su país “defenderá los intereses de sus compatriotas y la nación frente a los temas migratorios, de seguridad, etcétera”.
Sin embargo, el más molesto fue el presidente del Senado chileno, José Manuel Ossandón, quien a través de sus redes sociales refutó los dichos de Paz sobre Carabineros. “Los policías, los Carabineros, son gente honesta que trabajan todos los días para defender nuestra patria”. Luego, pidió a su Gobierno “que envíe una nota diplomática pidiendo explicaciones porque esto ensucia todas las relaciones, sobre todo en Latinoamérica, cuando estamos trabajando frente al crimen organizado. No acepto que un candidato extranjero ensucie sin ninguna prueba el nombre de nuestra policía”, aseveró.
Reflexión desde México
El director General de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Fernando Lascurain, en un video dirigido a sus pares en Bolivia, hizo un “llamado a la reflexión” con relación a una probable nacionalización de autos chutos.
“Hay tipologías de lavado de dinero, es decir, blanqueo de capitales de vehículos que han sido regularizados en otros países del continente. Estamos abriendo la puerta a un incentivo perverso de vehículos que sean robados en países vecinos, en vehículos que hayan sido alterados, modificados, injertados, o que tengan prohibida su circulación y que les permitamos el ingreso al país es algo mucho más allá que un tema político. Es un tema de seguridad nacional, un tema de seguridad ambiental y de seguridad vial”.
Al mismo tiempo, sostuvo que “muchos de estos vehículos son origen de delitos, están vinculados a la delincuencia organizada, y debemos de ser en extremo cuidadosos y no prestar oídos a estas soluciones fáciles, que lo único que hacen es incentivar que este tipo de situaciones sigan proliferando en detrimento de la calidad de vida, afectando la economía y la seguridad de los bolivianos”, consideró.
Ardaya: “No hemos aprendido”
La expresidenta de la Aduana de Bolivia, Marlene Ardaya, en una entrevista en Radio Fides, difundida en julio, advirtió que los bolivianos “no hemos terminado de aprender la lección”, porque se está “blanqueando lo ilegal” al nacionalizar autos chutos.
Ardaya, quien tuvo a su cargo la última nacionalización, calificó la experiencia como “muy dolorosa” porque hubo fraudes de todo tipo. “Decíamos en territorio nacional, pero resulta que algunos vehículos estaban recién ingresando recién al territorio nacional”, relató.
PARA SABER
Posición. Desde Chile, autoridades y legisladores se unieron contra los dichos de Rodrigo Paz. Desde México piden reflexionar
Perder el tratado de 1904. El candidato a diputado por Arica Rodrigo Cuevas propuso “suspender el tratado de 1904” y advirtió que “así como Bolivia perdió el mar, también perderá ese tratado”, si se aprueba la nacionalización.
Registro de robos. No existen datos oficiales actuales sobre el robo de vehículos en Chile y Brasil que terminan en Bolivia. En 2011, luego de la última nacionalización, se detectaron casi 5.000 vehículos robados de Brasil, Chile y Perú. De ellos, alrededor de 4.000 eran de Brasil.
Parque automotor. 2,58 millones de vehículos circulan en el país, según el Instituto Nacional de Estadística, una cantidad superior en 4,6% respecto a 2023
93,5% son particulares. En segundo lugar está el transporte público (5%) y el oficial (1,5%). Las motos son mayoría, con 872 mil unidades
///EL DEBER///
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