La renuncia del gerente general a pocas semanas de que su mentor entregue el gobierno ha desatado especulaciones que deterioran la confianza en el sistema financiero, que se beneficia de la mayor parte de los fondos
El pasado lunes trascendió la renuncia del gerente general de la Gestora Pública de Seguridad Social, Jaime Durán, alma mater del proceso de traspaso de los fondos de pensiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas (BBVA Previsión y Futuro de Bolivia) que trabajaron desde 1997 a 2023 a la Gestora Pública, creada por Ley y decreto en 2010 pero que no asumió la cartera hasta ese año.
Durán defiende su gestión y sus datos: de 2023 a 2025 el fondo ha crecido en 38 mil millones y la rentabilidad de las inversiones es del 4,36%, superior a la que las AFP, ya de salida, dejaron en 2022, que rondaba el 2,70%, pero muy inferior a las tasas que se alcanzaron en la primera década del siglo.
El sistema jubilatorio es asunto de la Asamblea Plurinacional y ambos candidatos a la presidencia, Paz Pereira y Quiroga Ramírez, han prometido analizar la situación sin comprometerse con ningún modelo en particular. Por lo general se cuestiona que la fórmula de cálculo incluye una esperanza de vida muy desfasada con la realidad nacional, además de un periodo de cotización corto, lo que hace que los cálculos dejen pensiones bajas; sin embargo, entre las fuerzas políticas hay poco debate a este respecto.
El asunto que despierta más interés es precisamente qué se hace con esa cartera que conforman los ahorros de todos los trabajadores bolivianos y que se constituye en el mayor fondo de inversión del país.
Los últimos reportes dados por Durán este mismo año señalan que el 52% está invertido en diferentes productos del sistema financiero nacional; que el 30 por ciento lo está en productos del Tesoro General de la Nación, incluyendo los bonos soberanos, y que un 15% lo está en el tejido empresarial privado, aunque no especificó cuánto en empresas de capital nacional, mientras que un 3% se deposita en productos extranjeros.
¿Quién decide?
Jaime Durán defendió en entrevista con este medio la independencia de la Gestora en su toma de decisiones, aseguró que todos los productos del mercado son evaluados con criterios técnicos de acuerdo a las escalas de riesgo estandarizadas, y que se apuesta por productos preferiblemente AAA y como criterio mínimo el referido en normas reglamentarias.
La referencia del riesgo las evalúan calificadoras de riesgo extranjeras que tienen oficinas en Bolivia y aplican criterios establecidos por organismos también foráneos, cuya base de calificación es asignar triple A a los bonos soberanos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, el país más endeudado y deficitario al presente.
Durán señaló que el tejido financiero boliviano se ha fortalecido para llegar a esas calificaciones sin problemas, y por eso se ha hecho acreedor con solvencia de la inversión de la cartera de los trabajadores. En ese fortalecimiento de los bancos ha contribuido decisivamente el incremento de utilidades de los años de bonanza y varias determinaciones de reinvertir utilidades instruidas por la ASFI diversas gestiones pasadas, que han constituido bancos más sólidos y menos expuestos. El caso del Banco Fassil, sin embargo, expuso los riesgos reales, no teóricos, para la Gestora, dado que, presuntamente, los activos de ese banco fueron mal calificados (al parecer de forma delictuosa) lo que hizo que se derrumbara a los primeros síntomas de enfermedad, exponiendo a los ahorristas y a la propia Gestora, que había invertido generosamente en él, hecho que ya prendió alarmas y se tomaron decisiones en ese sentido.
Por lo general, en la mayor parte del mundo, los gobiernos orientan las inversiones de ese fondo de inversiones en que se constituye el ahorro jubilatorio mediante leyes y decretos. Lo hacen en función de criterios seleccionados para priorizar el desarrollo de determinados sectores, bien con una óptica económica o social: apoyar el cine o la construcción, el emprendedurismo o la emancipación juvenil, el desarrollo de energías limpias o los proyectos científicos. En Bolivia se han implementado apenas tres fondos para estimular el acceso a la vivienda, al emprendedurismo y la agroindustria, con cantidades limitadas y criterios muy exigentes, particularmente en el tema de la vivienda.
Cumplidos esos criterios, en la Gestora Pública opera la Gerencia de Inversiones, actualmente dirigida por Moisés Murillo Lima, quien eludió dar declaraciones y responder a los cuestionarios que se hicieron llegar atendiendo a los procedimientos señalados.
Murillo Lima, en otras declaraciones anteriores, ha señalado que aplicará su “expertise” destinando el ahorro jubilatorio a empresas como Telecel, Prolega y otras de asentadas en Bolivia, pero de origen extranjero, continuando un criterio aplicado por las AFPs desde 1997 al 2023.
Gálvez: El ahorro debe servir para desarrollar el país
En el debate profundo sobre la rentabilidad, seguridad y oportunidad, hay argumentos divergentes sobre el rol que debe jugar la Gestora Pública, pues mientras unos apuestan a que se invierta en productos seguros del extranjero para garantizar la pensión, aunque sea baja, otros consideran que debe ser palanca de desarrollo.
“Los fondos de la Gestora a través del sistema financiero deben empujar al sector empresarial nacional, pues esa es la mejor forma de garantizar una jubilación digna para todos y futuro para el país. No tiene sentido invertir en letras del Tesoro de Italia o de Luxemburgo por muy estables que sean, pues su rentabilidad económica es baja y su rentabilidad social nula”, señala la economista Edith Gálvez.
///EL PAIS///
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