Tras los violentos hechos de junio en Llallagua, donde murieron cuatro policías durante enfrentamientos con grupos afines a Evo Morales, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5423. Esta norma establece un “reconocimiento económico al esfuerzo” para efectivos que ejerzan su labor en contextos de alto riesgo. El beneficio será otorgado una sola vez en la gestión 2025, aunque no se precisaron montos ni criterios detallados de asignación, quedando sujetos a reglamentación interna.
El reconocimiento está dirigido a servidoras y servidores públicos de la Policía Boliviana que hayan puesto en riesgo su vida e integridad en cumplimiento de su labor constitucional. El Ministerio de Gobierno será el encargado de aplicar y hacer efectivo el pago, según indica el decreto. La disposición resalta la labor policial en defensa del orden público, auxilio a la ciudadanía y preservación de las leyes.
En la parte considerativa, el Gobierno reconoce la labor de los efectivos en la conservación del orden y los derechos fundamentales. “Amerita disponer una compensación económica a favor del personal policial que se encuentre ejerciendo las referidas funciones (…) demostrando compromiso y lealtad con su patria e institución policial”, indica el decreto. Esta medida se enmarca en un contexto de tensión política y social que derivó en ataques armados y luto institucional.
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