El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles 8 de abril la Ley 157, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de pequeñas propiedades agrarias en medianas, mediante un trámite exprés (de 10 días) a solicitud del interesado. Días antes, sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil expusieron una serie de argumentos jurídicos y técnicos que alertan de la naturaleza inconstitucional de dicha norma y que incorpora modificaciones de fondo al régimen agrario.
“Aquí está la Ley 157 que autoriza al INRA a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana. Permítanme, la voy a firmar acá para promulgarla como ley”, informó al cerrar su discurso en la inauguración de la Agropecruz 2026 en Santa Cruz.
Sobre los cuestionamientos y pedidos que se hicieron al respecto, el Jefe de Estado afirmó que «esta norma no es, como dicen aquellos que quieren confundir al país, para quitar la pequeña propiedad. En el fondo esta norma es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para producir».
Citó como ejemplo a los productores de Tarija: «Aquellos que tienen tres, cuatro hectáreas de uva, no pueden acceder a un crédito, hoy día van a poder acceder a uno y no van a depender del empresario, sino de sus propias capacidades, de la seguridad de que esa propiedad es suya y que la puede usar para potenciar sus prioridades».
El mandatario afirmó que que esta norma no vulnera la Constitución porque la reconversión es voluntaria, «respetando comunidades, respetando la voluntad de cada propietario, porque no es es obligatoria. Felicito al Parlamento por la aprobación de esta norma».
Reclamo de indígenas y campesinos
Un conjunto de sectores sociales manifestaron su desacuerdo en la aprobación de Lay 157 tal como fue aprobada. Por ejemplo, el 3 de abril, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo) expresó su rechazo a la normativa sancionada y denunció que la norma fue aprobada «sin consulta previa, de manera irregular y sin procesos de socialización» con los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores.
De igual manera, el 2 de abril, las autoridades de los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos (GAIOC) y las AIOC de Bolivia, reunidas en una Mesa Técnica los días 31 de marzo y 1 de abril de 2026, declararon su «rechazo categórico a la Ley», por considerarla inconstitucional y una «amenaza directa a sus derechos territoriales y a la seguridad alimentaria del país».
Entre febrero y marzo, más pronunciamientos se hicieron públicos en la misma línea desde organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), la Federación de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Pando – Bartolina Sisa (FDMCIOP – BS), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez (FSUTCRVD), la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Regional Vaca Díez – Bartolina Sisa (FMCIORVD – BS), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios, Pando (FSUTCRMD – P), la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando (CIMAP), la Central de Pueblos Indígenas La Paz (CPILAP), la Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP) y las capitanías, centrales y subcentrales de la Amazonía Boliviana. Similar posición expresó el presidente de la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupak Katari (FDUTCLP-TK), el comité ejecutivo del Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO) y Las Markas, Ayllus y Comunidades Originarias de San Andrés de Machaca Aransaya (MACOSAMA).
La propia Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto. El 28 de marzo, el defensor Pedro Callisaya lamentó que el proyecto de ley no haya seguido un proceso deliberativo adecuado, pese a que esa institución remitió, el 12 de marzo, una nota oficial exhortando a la Asamblea Legislativa a realizar un debate amplio, responsable y técnicamente fundamentado.
Las observaciones planteadas por la sociedad civil
Por su parte, días atrás, la Red UNITAS, junto a 55 organizaciones de la sociedad civil, pidieron al presidente observar la Ley 157 y devolverla al Legislativo con el fin de abrir un proceso de análisis y debate más amplio antes de su promulgación.
En un pronunciamiento público, las organizaciones hicieron un llamado a abrir “espacios de diálogo plural, informado y democrático”, con participación de pueblos indígena originario campesinos de tierras altas y bajas, además de actores de la sociedad civil. El documento subraya que este proceso debía sustentarse en evidencia técnica, análisis territorial y el respeto a los principios constitucionales.
“Diversos análisis coinciden en que esta norma vulnera varias disposiciones de la Constitución”, se lee en el pronunciamiento, en referencia a la protección de la pequeña propiedad como un bien inembargable, la prohibición del latifundio y el control estatal de la Función Económico Social (FES), que entra en pausa por 10 años para las propiedades medianas, según la nueva ley.
Las entidades advirtieron que la conversión de la pequeña propiedad, bajo procedimientos simplificados, “abre la puerta a procesos de reconcentración de la tierra”, al introducirla en dinámicas de mercado, endeudamiento y eventual pérdida. En ese marco, se sostiene que la medida “implica un cambio sustantivo en las bases del régimen agrario”, históricamente orientado a proteger la tierra como sustento de la vida familiar y comunitaria.
Otro de los cuestionamientos apuntó a la falta de consulta y socialización. Según el documento, la norma “no ha sido precedida por procesos adecuados de consulta, deliberación pública ni socialización amplia”, especialmente con sectores directamente vinculados a la pequeña propiedad agraria, lo que según indican afecta su legitimidad.
Junto con estas observaciones y el pedido al Primer Mandatario, las organizaciones también plantearon alternativas, señalando que cualquier modificación del régimen agrario “debe concebirse como una política pública integral, y no como ajustes parciales o aislados”. Además, propusieron que, si el objetivo es facilitar el acceso al crédito, se prioricen mecanismos ya existentes, como las garantías no convencionales dentro del sistema financiero o el fortalecimiento del Banco de Desarrollo Productivo /Sumando Voces/.
