Investigación imparcial y fiscalización nacional. Eso es lo que solicitó la Fundación TIERRA a través de un pronunciamiento institucional divulgado este jueves, tras la publicación del reportaje “Las tierras del hijo del presidente”, publicado por CONNECTAS y medios aliados, un informe periodístico que observa posibles delitos de tráfico de influencias y vulneración de normativas ambientales sobre el predio “Adán y Eva”, perteneciente a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce.
TIERRA complementó la información periodística señalando que, en los últimos años, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) otorgó permisos de quema y desmonte a nombre de Arce Mosqueira. Asimismo, aseguró que este caso refleja un patrón más amplio de irregularidades estructurales y delitos agroambientales cometidos por instituciones estatales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la propia Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
“Ante esta situación, en el marco del respeto al Estado de Derecho y considerando la urgente necesidad de esclarecer las presuntas ilegalidades, es imprescindible que se realice una investigación sin injerencia política, que, al tratarse de un caso con posibles conflictos de interés de alto perfil, se lleve adelante dentro de un proceso investigativo/judicial con todas las garantías de transparencia, imparcialidad y sin injerencia del poder Ejecutivo, evitando, además, que el caso se politice debido a la coyuntura electoral”, señala parte del documento.
La institución expresó su profunda preocupación por las presuntas irregularidades reveladas en el reportaje; sin embargo, señaló que tanto las ilegalidades, como los presuntos delitos agrarios y ambientales identificados por la investigación periodística de CONNECTAS no son hechos aislados ni puntuales, sino bastante comunes y generalizados.
“Existen cientos de propiedades tituladas por el INRA como tierras aptas para la agricultura mecanizada, a pesar de que se sobreponen con áreas categorizadas como bosques de protección o tierras sin aptitud para la agricultura intensiva o ganadería comercial”, precisa el pronunciamiento.
Asimismo, TIERRA señala que existen miles de hectáreas con autorizaciones de la ABT para desmontes, quemas, donde se cambia el uso del suelo permitiendo la agricultura mecanizada, a pesar de que se encuentran dentro de áreas clasificadas como tierras de producción forestal permanente o tierras aptas solamente para agricultura a pequeña escala sin mecanización.
Para TIERRA, el caso ‘Adán y Eva’ debería marcar un antes y un después en la lucha contra los delitos agroambientales en Bolivia, por lo que debería iniciarse un amplio proceso de investigación y fiscalización nacional de las irregularidades y delitos agroambientales que están por detrás de las autorizaciones de asentamientos en tierras y bosques protegidos, titulaciones de predios empresariales con derechos de uso agrícolas que contravienen las normativas vigentes, aprobaciones de modificaciones de POP, permisos de desmontes y quemas, entre otros.
Descarga aquí el Pronunciamiento Institucional
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