La amenaza de juicio, el respaldo abierto del Tribunal Supremo de Justicia y las conclusiones de la reciente cumbre judicial en Sucre confluyen en un mismo punto: el cerco jurídico y político contra los cinco magistrados se estrecha aceleradamente
Las magistradas Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, electas en 2024, presentaron ayer una denuncia penal por falsedad material e ideológica contra los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La acción judicial apunta directamente a la resolución que habilitó una tercera autoprórroga, emitida el 31 de octubre en un ambiente que estuvo rodeado de “completo hermetismo”, denunciaron.
Prudencio afirmó que el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O jamás fue remitido a los cuatro magistrados electos y que los autoprorrogados lo aprobaron sin participación de la Sala Plena, presentándolo ante el país como si no hubiera existido disidencia alguna. “Esa determinación debía pasar por los nueve magistrados”, enfatizó, cuestionando que el documento se hubiera tramitado a espaldas de quienes ingresaron con mandato electoral en 2024.
El auto, además, establece que los magistrados prorrogados no dejarán sus cargos hasta que se elijan nuevas autoridades, lo que, en criterio de Prudencio, coarta las facultades de la Asamblea Legislativa para cesarlos y convocar al proceso eleccionario.
“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado en tres oportunidades la cesación de sus funciones, lesionando el principio fundamental que orienta que nadie puede ser parte y juez en su propio interés”, expresó la magistrada.
Conflicto interno
La denuncia penal llega apenas un día después de que los cuatro magistrados electos (Boris Arias, Prudencio, Villca y Ángel Edson Ávalos) publicaran un video denunciando “anomalías y abusos” destinados a mantener el control de la sala plena y de la Comisión de Admisión. Acusaron a los autoprorrogados de frenar en tres ocasiones la cesación de sus funciones mediante autos constitucionales que declararon la inconstitucionalidad de proyectos de ley orientados a restablecer la primacía constitucional.
“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado tres veces su salida, siendo parte y juez en su propio interés”, sostuvo Prudencio.
Entre las resoluciones observadas se encuentran los autos 53/2024-O, 002/2025-O y 070/2025-O, todos emitidos -según los denunciantes- extralimitando sus competencias, incluyendo la declaración de inconstitucionalidad de proyectos de ley mediante simples autos, un mecanismo que el Código Procesal Constitucional no permite.
EL DEBER buscó la contraparte con el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, para conocer su opinión tanto sobre la denuncia como por el contenido del video, pero el magistrado no respondió los mensajes.
Cerco político
El conflicto escaló aún más cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, publicó un video respaldando expresamente a los magistrados electos y cuestionando la resolución que habilita la tercera prórroga. Saucedo sostuvo que el auto “impone frenos a la Asamblea Legislativa”.
Y ayer, Saucedo fue más contundente cuando expresó su pleno respaldo a la acción judicial iniciada por los magistrados electos. En entrevista en el programa Periodismo que cuenta (Chuquisaca), el presidente del TSJ destacó que “hay que reestablecer el Estado de Derecho; no podemos reconstruir el país si seguimos tolerando este tipo de ilegalidades”.
En ese contexto, la reciente Cumbre Judicial realizada el 14 de noviembre en Sucre pidió, en su punto 11, el cese de los magistrados autoprorrogados, lo que incrementa la presión institucional sobre cinco autoridades cuyo tiempo en funciones parece agotarse.
El magistrado Boris Arias, por su parte, pidió que la nulidad del Auto 070/2025-O sea resuelta por jueces suplentes, e insistió en que ningún magistrado debe resolver en causa propia. Recordó que, en última instancia, los nueve miembros del TCP pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades.
“Sé que hay temas administrativos por mejorar, pero no tenemos mayoría. Nuestra facultad está muy limitada. El trabajo de los magistrados no es hacer política. El trabajo de los magistrados es dictar sentencias”, concluyó.
///EL DEBER///
