El Complejo Siderúrgico del Mutún, considerado uno de los proyectos industriales más ambiciosos en la historia reciente de Bolivia, enfrenta una grave crisis tras la detección de deficiencias técnicas, administrativas y contractuales que ponen en riesgo su puesta en operación y acarrean consecuencias legales y económicas para el país.

El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Álvaro Tejerina, reveló que la auditoría técnica realizada por la nueva administración identificó fallas que van desde el diseño original de la planta hasta la ejecución de obras civiles, con más de 300 observaciones técnicas sin resolver.

El proyecto fue adjudicado en 2016 a la firma china Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltda. bajo la modalidad de contrato “llave en mano” por un monto aproximado de $us 400 millones, que incluía no solo la construcción de la planta siderúrgica sino también un año de producción conjunta para facilitar la transferencia de conocimiento a técnicos bolivianos.

Las observaciones

Desde la ESM indicaron que cinco de las siete plantas que componen el complejo no están operativas ni cumplen con los parámetros técnicos mínimos establecidos en el contrato.

Tejerina indicó que se detectaron irregularidades en las licencias ambientales, obra civil deficiente y falta de cerramientos perimetrales de seguridad.

A pesar de que el contrato estipulaba pagos por avance de obra, ya se ha cancelado el 100% del monto pactado, incluyendo casi $us 18 millones destinados al año de producción que nunca se realizó.

Además, no existen boletas de garantía, lo que deja a la ESM en una situación de “indefensión contractual” frente a incumplimientos graves.

“Hoy no se le debe un solo boliviano a la empresa constructora, y aun así la planta no funciona”, remarcó Tejerina.

Sobre el tema, el economista, Germán Molina, sostuvo que “sería una gran frustración volver a foja cero, cuando ya el Estado cumplió con el pago a la empresa china”.

“Contar con una siderúrgica es de vital importancia, pero también lo es el de respetar los contratos, el de no cambiarlos a mitad de camino. Es cierto que el Estado debe velar por sus intereses, pero es urgente concretar este proyecto y no quedar una vez más a mitad de camino y seguir viendo como el hierro del Mutún sigue sin industrializarse debido a nuestros problemas internos”, puntualizó Molina.

La administración estatal envió recientemente una carta notariada a Sinosteel, y le otorgó un plazo de diez días hábiles para presentar un cronograma de corrección de las deficiencias, con un plan estimado de seis meses para completar obras y entregar la planta en condiciones operativas, como originalmente se había pactado.

Aunque la autoridad aclaró que la intención es que el contrato se resuelva conforme a sus cláusulas sin recurrir a la ruptura unilateral, el marco legal contempla que, cuando una de las partes incumple de forma sistemática, es posible iniciar esa figura sin generar inseguridad jurídica.

La ESM anunció que presentará denuncias penales ante el Ministerio Público para investigar y establecer responsabilidades por los presuntos incumplimientos y daños económicos al Estado.

Informes preliminares señalan además irregularidades administrativas y en el manejo de pagos por parte de anteriores gestiones de la estatal, lo que motivará procesos internos y sanciones a exfuncionarios implicados.

El impacto

El Complejo Siderúrgico del Mutún fue concebido como un hito de la industrialización y sustitución de importaciones en Bolivia, con proyecciones de producir hasta 200.000 toneladas de acero al año, reducir importaciones en aproximadamente 50% y generar cientos de empleos directos e indirectos.

Sin embargo, desde su inicio, el proyecto enfrentó desafíos técnicos y logísticos, además de retrasos y sobrecostos, que ahora han terminado en una crisis pública y legal a pocos meses de su inauguración parcial.

El declive técnico de la planta no solo afecta las expectativas de producción de acero, sino también la credibilidad del Estado en la gestión de grandes inversiones. Diversos actores políticos ya han planteado la necesidad de establecer una Comisión Especial de investigación en la Cámara de Diputados para analizar de forma exhaustiva las irregularidades vinculadas con el proyecto.

Representantes empresariales y analistas advierten que la incapacidad de poner en marcha una siderúrgica de esta envergadura podría retrasar la industrialización planificada por años y generar un impacto negativo en la confianza de inversionistas extranjeros, algo tan necesario en el país.

EL DEBER