La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales informó que 64 de las 67 empresas públicas del país registran pérdidas económicas y que el déficit acumulado del conjunto supera los 8.000 millones de bolivianos.
El director ejecutivo de la entidad, Pablo Camacho, señaló —según reporte de ABI— que estos recursos “podrían haber transformado significativamente la economía nacional si se hubieran gestionado adecuadamente”.
De acuerdo con la autoridad, las únicas tres empresas que actualmente generan utilidades son Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Empresas en quiebra técnica
Camacho detalló que al menos 14 empresas se encuentran en quiebra técnica, es decir, sus pérdidas superan el valor de la inversión inicial. Entre las más afectadas mencionó a Empresa Azucarera San Buenaventura, Quipus, Papelbol y la Empresa de Servicios Aéreos.
“Estos recursos no pertenecen a gobiernos anteriores, son recursos de los 11,5 millones de bolivianos, que lamentablemente se perdieron en proyectos que no generaron desarrollo ni crecimiento”, enfatizó el ejecutivo.
En el caso de la Empresa de Servicios Aéreos, explicó que la compañía nació con un patrimonio de 52 millones de bolivianos y acumuló pérdidas por 47 millones hasta 2024. Añadió que cuenta con dos helicópteros destinados a servicios para el sector público y privado —incluyendo rescates y apoyo en incendios forestales— que actualmente no están operativos por falta de recursos.
“Estos helicópteros son esenciales para emergencias y desarrollo regional. Hoy permanecen parados, lo que evidencia la mala gestión de los recursos públicos en gestiones anteriores”, sostuvo.
Asimismo, Camacho afirmó que proyectos como Quipus y Papelbol habrían sido diseñados para el consumo interno del anterior gobierno. Indicó que algunas empresas recibieron periodos de gracia de hasta 13 años para el pago de créditos, como ocurrió con San Buenaventura.
Auditorías y presentación de informe
El director anunció que se presentará un informe al gabinete de ministros y que se prevé la realización de auditorías integrales para determinar daños económicos y posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Se debe garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos. En 10 a 12 días convocaremos a una conferencia de prensa para que universidades, investigadores y periodistas puedan revisar esta información de manera clara y didáctica”, adelantó.
