El sector rechaza asistir al diálogo convocado por el Gobierno mientras no se derogue la Disposición Adicional Séptima del PGE 2025, a la que califican como una amenaza para la cadena productiva y la propiedad privada.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César Gonzales, anunció este jueves que su sector no dialogará con el Gobierno si antes no se abroga la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) de este año. El dirigente sostiene que este apartado atenta contra la propiedad privada porque faculta a entidades del Poder Ejecutivo a incautar mercadería bajo la escusa de combatir el agio.

«Estamos en riesgo. Nuestro capital y propiedad privada está en riesgo. No vamos a discutir cómo nos van a quitar. Derogación primero, luego hablamos«, dijo en el programa Radial Dinero 360, que se emite por EL DEBER Radio.

La tarde este jueves, el ministro de Justicia, César Siles, invitó al diálogo a los sectores que rechazan este apartado, como los gremialistas, la CAO, Cadex y la Cainco. 

El funcionario subrayó que el Gobierno no tiene intención de perjudicar a los gremialistas ni al comercio minorista. «Al contrario, lo que se hace es precautelar la alimentación, el abastecimiento y el justo precio para todos los bolivianos y bolivianas», aseguró.  

 
La raíz del conflicto

La normativa permite a las entidades competentes activar mecanismos de control, fiscalización y confiscación de productos almacenados considerados encarecedores de precios. Sin embargo, Gonzales y otros dirigentes gremialistas advierten que su redacción es ambigua y puede ser utilizada de manera arbitraria.

«Aquí no dice pequeño, mediano o grande. Es general. Muy ambiguo. ¿Quién va a determinar cuánto es almacenar y cuánto es esconder?», cuestionó Gonzales, alertando sobre el impacto que esta medida podría tener sobre pequeños productores y comerciantes.

A pesar de los llamados al diálogo por parte del Gobierno, los gremialistas rechazan participar en tanto la norma siga vigente. Gonzales recordó que hubo múltiples oportunidades para debatir antes de la promulgación de la disposición, pero el Ejecutivo no convocó a los sectores afectados.

«Ahora que la normativa ya está publicada en la Gaceta, ¿qué vamos a discutir? Esto se tiene que derogar primero», enfatizó. Además, criticó la falta de conocimiento del Gobierno sobre el funcionamiento de la cadena productiva, argumentando que muchas decisiones se toman sin considerar su impacto en la economía real.

Medidas

 
Con miras a definir estrategias de presión, el sector gremialista, junto a entidades como la CAO, la CAINCO y la Cámara Nacional de Industria, ha convocado un tercer ampliado multisectorial para el jueves 30 de enero en Sucre.

Aunque los gremialistas han descartado bloqueos de carreteras para no agravar la crisis económica, se prevén movilizaciones pacíficas en todo el país. Gonzales reiteró que las preocupaciones del sector no solo abarcan la Disposición Séptima, sino también la falta de circulante en la economía y el impacto de las deudas bancarias.

El gremialista también vinculó la norma con una presunta intención del Gobierno de incrementar los ingresos estatales ante la caída de recursos por impuestos y exportaciones de gas. 

«Si ya existen normativas para el control del contrabando y los precios, ¿por qué esta disposición tan ambigua?», reflexionó.

El conflicto gremial, alimentado por la desconfianza y la incertidumbre económica, parece estar lejos de resolverse, mientras el Gobierno enfrenta la tarea de equilibrar sus políticas con las demandas de los sectores productivos del país.

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