La entidad reconoce fallas en la asignación del beneficio y plantea la creación de una base de datos social para evitar nuevas irregularidades
La Gestora Pública reconoció que durante la distribución del bono PEPE se registraron casos en los que personas recibieron el beneficio sin cumplir los criterios establecidos, situación que atribuye a la falta de un sistema actualizado de información social en el país.
El gerente de la institución, Vladimir Fernández, señaló que “seguramente una que otra persona” accedió al bono sin que le correspondiera, mientras que otras que sí cumplían las condiciones podrían haber quedado fuera del programa.
Según explicó, esta situación responde a que Bolivia no cuenta con una base de datos social integral, capaz de identificar con precisión el nivel de vulnerabilidad de la población. Ante esta limitación, el Gobierno utilizó registros de beneficiarios de programas anteriores como referencia para la entrega del incentivo.
Fernández indicó que la construcción de un sistema más preciso tomará tiempo. “No tenemos una base social y eso tarda aproximadamente dos años”, afirmó, al señalar que este será un paso clave para mejorar la focalización de futuras políticas públicas.
El bono PEPE, creado como un apoyo económico temporal, consiste en un pago total de Bs 450, distribuido en tres cuotas mensuales de Bs 150 entre enero y marzo de 2026. El beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad y tiene como plazo límite de cobro el 30 de abril.
Desde la Gestora, se sostiene que el siguiente desafío será perfeccionar los mecanismos de identificación de beneficiarios, con el objetivo de garantizar una asignación más justa y eficiente de los recursos estatales en próximos programas sociales.
