La directora de Insumos Bolivia reveló que una importación de más de 700 toneladas de arroz desde Argentina no cumple con los estándares de calidad y está bajo investigación por falsificación de documentos. El Estado no puede recuperar un anticipo de Bs 63 millones.

Un nuevo escándalo sacude al aparato estatal. La directora de Insumos Bolivia, Lauren Fernández, denunció que la entidad enfrenta un millonario perjuicio económico por la compra fallida de arroz a una empresa argentina. El cargamento, compuesto por más de 700 toneladas del grano, no solo presenta serias deficiencias en términos de calidad, sino también signos de contaminación, lo que impide su distribución en el mercado interno.

“Estamos frente a un problema grave. Este arroz no cumple con los estándares técnicos mínimos y representa un riesgo para la salud de la población”, afirmó Fernández a Bolivia TV.

El caso tiene un agravante: el Estado boliviano ya había entregado un anticipo de 63 millones de bolivianos, pero una orden judicial impide el cobro de la póliza de garantía, lo que bloquea la recuperación de esos recursos. “La empresa, lejos de responder por el incumplimiento, ha iniciado un proceso legal para evitar que cobremos esa garantía. Nos encontramos atados judicialmente”, explicó la autoridad.

Según Fernández, existen fuertes indicios de falsificación en los certificados sanitarios del país de origen. “No es un certificado del Senasag nacional, sino uno falsificado de la entidad homóloga argentina. Esto está siendo investigado porque se trata de un documento clave para autorizar la importación de productos alimenticios”, sostuvo.

En medio del conflicto, el producto importado permanece almacenado, sin posibilidad de ser entregado ni distribuido. “No podemos darlo, ni siquiera al Ministerio de Desarrollo Productivo, porque está fuera de norma y sería un riesgo entregarlo”, añadió.

Frente a esta situación, Insumos Bolivia anunció que retomará la importación directa de arroz, pero bajo estrictos controles de calidad y trazabilidad, con una verificación exhaustiva de los proveedores y acompañamiento logístico. “Vamos a garantizar que el arroz que llegue esté en condiciones óptimas y con precios justos para la población”, concluyó Fernández.

El Gobierno había autorizado la importación de más de 40.000 toneladas de arroz en un intento por frenar la escasez del producto y el incremento de su precio en el mercado interno. Sin embargo, este caso pone en duda la cadena de control y verificación de calidad que debía garantizar que los alimentos importados cumplieran con las normas sanitarias y de inocuidad establecidas.

///EL DEBER///