La solicitud del titular de Gobierno fue calificada como “una chacota” y una figura inexistente, mientras el Ejecutivo la defiende como un acto de transparencia.

Una nueva controversia política se desató en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, solicitara ser interpelado para informar sobre la política antidrogas. Legisladores de oposición cuestionaron duramente la iniciativa al considerarla inconstitucional y carente de sustento legal.

El pedido fue enviado al vicepresidente Edmand Lara, con el argumento de transparentar la gestión en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, parlamentarios recordaron que la interpelación es un mecanismo exclusivo de fiscalización legislativa y no puede ser promovido por una autoridad del Ejecutivo.

El senador José Ormachea señaló que “no existe la figura de petición de interpelación por parte de un ministro”, subrayando que este recurso está establecido en la Constitución como una atribución de los asambleístas. En la misma línea, instó a la autoridad a esperar si algún legislador considera pertinente convocarlo.

Las críticas también llegaron desde la Cámara de Diputados. El legislador Carlos Alarcón calificó la acción como “una chacota” y advirtió que este tipo de planteamientos devalúan uno de los principales mecanismos de control político sobre el Ejecutivo. Recordó que, según la Constitución, la interpelación solo puede ser impulsada por senadores o diputados.

Por su parte, la diputada Lissa Claros fue aún más dura al afirmar que la solicitud del ministro constituye “un insulto a la inteligencia” de la población, sugiriendo además que responde a una estrategia política ante la falta de condiciones para una censura real en el Legislativo.

El debate se sustenta en el artículo 158 de la Constitución, que establece que la ALP tiene la facultad de interpelar a ministros por iniciativa propia, pudiendo incluso derivar en su censura y destitución si se alcanzan los votos necesarios.

En contraste con las críticas, el presidente Rodrigo Paz Pereira respaldó la decisión del ministro y la presentó como una señal de apertura. Según el mandatario, la intención es explicar al país las acciones del Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico.

El episodio abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, en medio de cuestionamientos sobre el respeto a los procedimientos constitucionales y el uso de los mecanismos de fiscalización política.