Ajuste de más de $us 35 millones impacta iniciativas para infancia, juventud y pueblos indígenas, generando críticas desde todo el espectro político.
El Gobierno chileno ordenó un recorte de 32.721 millones de pesos (unos 35 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una medida que ha provocado una fuerte controversia política por su impacto en programas dirigidos a sectores vulnerables.
El ajuste, equivalente al 2,2% del presupuesto de esa cartera, afecta iniciativas vinculadas a la infancia, la juventud y comunidades indígenas. Entre ellas figura la reducción de un programa emblemático que entrega kits para recién nacidos, decisión que el Ejecutivo justificó por la caída de la natalidad y la necesidad de corregir excedentes.
Desde el Gobierno, autoridades como el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendieron la medida asegurando que no implica una disminución de la protección social, sino una reorganización del gasto público para mejorar su eficiencia y focalización en un contexto de estrechez fiscal.
Sin embargo, la decisión generó críticas tanto en la oposición de izquierda como en sectores de derecha. Parlamentarios del Frente Amplio cuestionaron el recorte y exigieron mayor transparencia, mientras que legisladores de partidos aliados advirtieron sobre posibles retrocesos en políticas sociales.
El debate se intensificó luego de que se conociera una circular que sugiere reformular o eliminar más de 260 programas públicos, incluyendo iniciativas de alimentación escolar y pensiones, lo que aumentó la preocupación sobre el alcance real del ajuste.
El recorte se enmarca en la promesa de campaña de Kast de aplicar un fuerte ajuste fiscal para sanear las finanzas públicas, aunque durante su candidatura aseguró que no se afectarían los beneficios sociales, un punto que ahora está en el centro de la controversia.
