Sectores productivos se reunirán en Montero para definir medidas ante posible abrogación.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y el senador cruceño Branko Marinkovic propusieron que sean los propios departamentos del país los que decidan, en el marco de las autonomías, si aplican o no la Ley 1720 de reconversión de tierras.
Ambos coincidieron en que las comisiones agrarias departamentales deberían asumir la competencia para definir la vigencia de la norma en cada región, tomando en cuenta las características productivas y territoriales de cada departamento.
La propuesta surge en medio del creciente conflicto político y social por la Ley 1720, cuya posible abrogación es impulsada por sectores campesinos e indígenas que consideran que la norma representa un riesgo para las tierras comunitarias.
Desde Santa Cruz, en cambio, sectores cívicos y productivos defienden la ley argumentando que facilita el crecimiento de pequeños productores y el acceso a créditos y financiamiento.
Cochamanidis sostuvo que las regiones deben tener la posibilidad de decidir sobre temas vinculados a la producción y el desarrollo económico dentro del modelo autonómico.
Por su parte, Marinkovic respaldó la idea de que cada departamento determine soberanamente la aplicación de la norma según sus necesidades y realidad productiva.
Mientras tanto, la tensión continúa en ascenso. Para el jueves de la próxima semana fue convocada una asamblea de sectores productivos en el municipio de Montero, donde empresarios, agropecuarios y representantes institucionales analizarán medidas frente a la posibilidad de que la Asamblea Legislativa avance en la anulación de la Ley 1720.
El bloque productivo cruceño ya se declaró en estado de emergencia y advirtió que la eliminación de la norma afectaría a miles de pequeños productores que buscan ampliar sus actividades y acceder al sistema financiero formal.
