Por: Mgr. Germán Huanca Luna (*)
Bolivia necesita refundarse sobre compromisos concretos con la patria. No es posible que años de esfuerzo colectivo para construir una carretera sean dañados en horas por un puñado de bloqueadores. No es posible que desconocidos destruyan bienes ajenos sin consecuencia alguna. No es posible que energúmenos incendien una patrulla policial, que adoctrinados chicoteen en vía pública a quienes simplemente quieren circular, o que ciudadanos bloqueadores impidan el paso de ambulancias y oxígeno destinados a hospitales. No es posible, tampoco, que estudiantes permanezcan más de cinco años en universidades financiadas con dinero público, ni que maestros pagados por la sociedad sean quienes promuevan el desorden y la violencia.
A escala menor, pero igualmente corrosiva, se ha normalizado pasarse semáforos en rojo, ensuciar baños públicos, dañar la jardinería y el ornato de las ciudades, pegar publicidad en cualquier pared y pagar coimas para “acelerar” trámites. Todo esto forma ya parte del paisaje cotidiano.
El problema de fondo es la ausencia de consecuencias. Cuando un ciudadano percibe que su conducta —buena o mala— no tiene ningún efecto sobre lo que recibe del Estado o del mercado, el incentivo para comportarse responsablemente desaparece. Hoy solo el sistema carcelario intenta corregir conductas, y todos sabemos que no ha bastado. No se trata de eliminar ese sistema, sino de complementarlo con uno que mida el comportamiento ciudadano de manera continua y transparente.
Los países desarrollados ya cuentan con instrumentos de este tipo. El Credit Score de Estados Unidos —conocido como FICO Score, con rango de 300 a 850 puntos— mide la confianza financiera de las personas y condiciona su acceso a créditos hipotecarios, tarjetas, seguros y empleos. Alemania tiene el SCHUFA, Australia el Equifax Australia, Chile el DICOM, Argentina el Veraz y Brasil el Serasa Score. Todos apuntan a lo mismo: visibilizar la reputación económica del ciudadano y vincularla a beneficios concretos. China va más lejos con su Sistema de Crédito Social, que incorpora además infracciones legales, conducta empresarial y comportamiento público, premiando a quienes cumplen y restringiendo a quienes incumplen el acceso a transporte, crédito y empleo público.
Estos mecanismos son útiles para sociedades que ya superaron las necesidades básicas de acceso a tierra y crédito. Bolivia, sin embargo, necesita algo más amplio: un Índice de Responsabilidad Ciudadana (IRC) que mida no solo el comportamiento financiero, sino también el cumplimiento de la ley, el respeto a los bienes públicos, la responsabilidad educativa, la convivencia social, la seguridad vial y la contribución comunitaria.
El IRC funcionaría en una escala de 0 a 1.000 puntos. Entre 900 y 1.000: ciudadano ejemplar. Entre 800 y 899: muy confiable. Entre 700 y 799: confiable. Entre 600 y 699: cumplimiento aceptable. Entre 500 y 599: riesgo moderado. Por debajo de 500: alto riesgo. Un puntaje alto abriría puertas: acceso preferente a créditos estatales, becas, vivienda social, programas de emprendimiento y reducción de requisitos de garantía. Un puntaje bajo las cerraría: sin coparticipación de recursos públicos, sin contratos con el Estado, sin acceso a beneficios financiados por todos.
El índice aplicaría también a instituciones. Un municipio que usa maquinaria pública para bloquear carreteras y luego reclama su cuota del IDH no puede seguir recibiendo ese trato preferencial. Una alcaldía responsable merece más recursos; una que financia el caos, menos. Lo mismo vale para maestros o médicos que paralizan servicios esenciales sin consecuencia: el sistema debe registrar ese comportamiento. Y, en sentido inverso, debe también reconocer a quienes desafían decisiones ilegítimas de sus gremios para cumplir con su deber —como los maestros que se negaron a acatar huelgas políticas—, porque hoy ese acto heroico no se traduce en ningún beneficio.
¿Quién implementaría el IRC? No el Estado directamente. El Estado debe proveer los datos —registros judiciales, educativos, tributarios, de infracciones viales— y garantizar la protección de la información personal. Pero la plataforma, la infraestructura de cámaras en semáforos y vías públicas, y el procesamiento de datos deben estar en manos del sector privado, bajo regulación pública estricta.
Es momento de ponerle valor al comportamiento ciudadano. Quienes construyen el país merecen los beneficios del Estado y del mercado. Quienes lo destruyen no pueden seguir accediendo a ellos como si nada hubiera pasado. El IRC no es una amenaza para el ciudadano responsable: es su mejor herramienta.
(*) Economista, fue Viceministro de Planificación Estratégica del Estado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera
