La investigación del denominado caso “narcomaderas” continúa avanzando con la toma de declaraciones a decenas de personas vinculadas al sector forestal, mientras una comisión de fiscales se alista para viajar a Chile y realizar nuevas pericias sobre la droga hallada en cargamentos de madera.

El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que más de 30 personas fueron convocadas a declarar en calidad de testigos, entre ellas propietarios de empresas y personal administrativo, luego de que se ejecutaran ocho allanamientos en firmas dedicadas a la actividad maderera en Santa Cruz.

Hasta el momento, al menos 15 de los citados ya prestaron su declaración ante el Ministerio Público, mientras el resto deberá comparecer en los próximos días.

“Por lo menos llevan algo de 15, entonces seguimos trabajando, hay más personas que han sido citadas que van a seguir declarando estos días. Como hemos hecho en el caso Chile, entonces sobre eso vamos a esperar los resultados. Se está trabajando en esa investigación, como les digo, documentaciones que ya han solicitado sobre eso se va a ver de dónde se obtuvo, todo el manejo y cómo llegó ya”, señaló Porras.

La Fiscalía también realiza un rastreo de documentación relacionada con las operaciones de exportación, con el objetivo de establecer el origen de la carga, identificar a los responsables de su manipulación y determinar cómo las sustancias controladas llegaron a los envíos interceptados en puertos chilenos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el cerco investigativo se ampliará con más de 50 nuevos allanamientos a empresas en distintas regiones del país.

Asimismo, se confirmó que una delegación oficial de fiscales viajará a Chile en los próximos días para efectuar peritajes técnicos sobre el material incautado, considerado clave para esclarecer las circunstancias en las que la droga fue ocultada en cargamentos de madera destinados a la exportación.

Las pesquisas se iniciaron tras el hallazgo de sustancias controladas camufladas en envíos forestales procedentes de Bolivia y detectados por autoridades chilenas en terminales portuarias de ese país.