Parlamentarios de distintas fuerzas políticas anunciaron este viernes que impulsarán procesos penales contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y dirigentes de organizaciones campesinas, a quienes responsabilizan por las consecuencias económicas y sociales derivadas de más de 40 días de bloqueos y movilizaciones en el país.
Las medidas de presión han provocado interrupciones en el transporte, problemas de abastecimiento y pérdidas millonarias en diversos sectores productivos, además de una creciente tensión política por las demandas de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Zegarra anuncia denuncia penal
El diputado de Libre, Edgar Zegarra, afirmó que los dirigentes que convocaron y encabezaron las movilizaciones deben asumir responsabilidad por los efectos generados durante el conflicto.
Según el legislador, presentará una denuncia penal contra Argollo, integrantes del comité ejecutivo de la COB y dirigentes de organizaciones campesinas, argumentando que quienes lideran este tipo de protestas tienen la obligación de controlar las acciones de sus bases.
“Vamos a hacer que respondan por todo lo que ha sufrido la gente, los vejámenes, las muertes y el momento de crisis económica que atraviesa el país”, sostuvo.
Zegarra también cuestionó el impacto humano de los bloqueos y señaló que las víctimas registradas durante el conflicto no pueden quedar sin una investigación que determine responsabilidades.
El PDC también anticipa denuncias
Por su parte, el senador del Partido Demócrata Cristiano, Freddy Castillo, indicó que los dirigentes de la COB y de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz deberán responder ante la justicia por las afectaciones ocasionadas a la economía y a la población.
El legislador aseguró que existen empresas privadas que también evalúan iniciar acciones legales por las pérdidas sufridas a causa de los bloqueos y afirmó que estos hechos no deben quedar en la impunidad.
Conflicto prolongado
Bolivia atraviesa una de las etapas de conflictividad más extensas de los últimos años, con bloqueos carreteros y movilizaciones que se prolongan desde hace más de seis semanas. Las medidas han generado dificultades en el transporte de alimentos, combustibles e insumos, además de afectar el funcionamiento de actividades productivas y comerciales en varias regiones del país.
Mientras los sectores movilizados mantienen sus demandas, desde distintos ámbitos políticos y empresariales crecen las exigencias para que se establezcan responsabilidades por los daños económicos y las consecuencias humanas derivadas del conflicto.
