El presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores suscribieron un acuerdo que establece una hoja de ruta para reformar la distribución de recursos fiscales, fortalecer las autonomías departamentales y avanzar hacia la implementación gradual del modelo 50-50 a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
En la víspera de los actos por los 201 años de la independencia de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores firmaron en la Casa de la Libertad, en Sucre, un acuerdo que marca el inicio de un proceso de reforma fiscal y autonómica. El documento establece una agenda de trabajo para definir una nueva distribución de recursos entre el nivel central y los gobiernos departamentales mediante la denominada Agenda 50/50.
El convenio contempla la elaboración de una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, cuya presentación deberá concretarse durante la presente gestión legislativa para permitir la aplicación progresiva del nuevo esquema desde 2027. La norma será trabajada por una mesa técnica conformada por representantes del Gobierno y de las gobernaciones.
Entre los principales compromisos figura el fortalecimiento de la autonomía tributaria de las gobernaciones mediante la ampliación de sus ingresos propios, la revisión del dominio tributario departamental, la posibilidad de crear nuevos tributos dentro del marco constitucional y la modificación de la Ley 154 de clasificación de impuestos en un plazo máximo de 90 días.
El acuerdo también plantea revisar las normas que condicionan el gasto de las gobernaciones, ampliar su autonomía presupuestaria, redefinir competencias entre niveles de gobierno y adecuar las transferencias fiscales conforme a las responsabilidades que ejerce cada administración departamental.
Asimismo, las partes acordaron analizar nuevos criterios para distribuir los ingresos fiscales, con indicadores vinculados a la eficiencia, el desempeño económico y la equidad territorial, además de impulsar reformas para fortalecer el régimen autonómico, promover alianzas público-privadas, ampliar las capacidades de financiamiento externo y evaluar la creación de fondos de compensación y la transferencia gradual de instituciones públicas a las gobernaciones.
Como parte del proceso, el Gobierno se comprometió a compartir información técnica con las entidades territoriales y a extender el diálogo con municipios, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco para construir un acuerdo nacional sobre autonomías. Los consensos podrán implementarse mediante leyes, decretos supremos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales y otras medidas administrativas.
