El 23 de octubre de 2023 marcó un día crucial en la historia jurídica de Bolivia. El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció la acusación penal contra la expresidenta interina Jeanine Añez y otros involucrados en las trágicas muertes de Senkata y Sacaba en 2019.

Los Hechos y su Impacto

En noviembre de 2019, Bolivia vivió momentos de tensión y tragedia. Las investigaciones revelaron que los enfrentamientos en el puente Huayllani, Sacaba, y cerca de la planta de YPFB en Senkata, resultaron en la muerte de 20 ciudadanos y varios heridos por impactos de proyectiles de armas de fuego. Estos eventos fueron calificados por Lanchipa como «graves violaciones a los derechos humanos».

El Decreto Controversial

Un punto clave en esta acusación es el Decreto Supremo 4078, emitido por Añez el 14 de noviembre de 2019. Este decreto permitió la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en operaciones conjuntas que, lamentablemente, culminaron con víctimas fatales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tildó estos hechos como «ejecuciones sumariadas».

Consecuencias y Repercusiones

La Fiscalía ha sido clara en su postura. Solicitarán 30 años de prisión para todas las exautoridades involucradas en estos hechos. Además, todos los acusados enfrentarán un juicio ordinario. El Ministro de Justicia, Iván Lima, describió la presentación de la acusación penal como un «momento histórico» para Bolivia.

La justicia busca esclarecer los hechos y garantizar que aquellos responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Bolivia espera que este proceso judicial aporte a la construcción de un país más justo y equitativo.