La Asamblea Legislativa reanudará esta semana sus actividades tras el receso parlamentario con el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 como uno de los principales temas de la agenda.
El receso legislativo se desarrolló entre el 6 y el 20 de julio, período en el que solo funcionó una comisión de emergencia para atender asuntos urgentes. Con el retorno de las sesiones ordinarias, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 4 de julio será analizado por la Cámara de Senadores.
La diputada Claudia Bilbao (PDC) señaló que la aprobación del presupuesto reformulado debe ser una prioridad, al considerar que permitirá ejecutar proyectos y movilizar recursos para distintas iniciativas.
Por su parte, el diputado Alejandro Reyes afirmó que, si el Senado rechaza la propuesta, continuará vigente el presupuesto aprobado durante la administración anterior, lo que, a su criterio, retrasaría la aplicación de la política económica impulsada por el Gobierno.
El legislador sostuvo que el proyecto busca reemplazar el presupuesto elaborado durante la gestión de Luis Arce y adecuarlo a la nueva orientación económica del Ejecutivo.
Entre las principales medidas contempladas en el PGE reformulado figura la exención, por cinco años, del pago de aranceles e IVA para la importación y comercialización de insumos, semillas, drones, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, de la construcción, transporte y minería.
La propuesta también incorpora anticipos financieros para entidades territoriales autónomas, autoriza el uso de saldos de caja y bancos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, regula obligaciones vinculadas al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y establece un régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado.
Asimismo, prevé el cierre de fideicomisos públicos, la conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva y mecanismos orientados a fortalecer la disciplina fiscal y la transparencia en la administración pública.
El proyecto establece que el presupuesto reformulado tendrá vigencia únicamente durante la gestión 2026 y no podrá utilizarse para regularizar actos administrativos, financieros, presupuestarios o de endeudamiento ejecutados antes de la promulgación de la ley.
Además, plantea programas de saneamiento y sostenibilidad fiscal para las entidades territoriales autónomas y modifica el artículo 115 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para reforzar el control de las asambleas legislativas departamentales sobre el uso de los recursos públicos.
La iniciativa también dispone que la deuda flotante y la deuda no registrada no podrán superar el 5% del gasto ejecutado y prevé acciones legales cuando se identifiquen gastos sin respaldo financiero.
