La propuesta del Gobierno plantea un nuevo esquema tributario de hasta 50% y elimina la discrecionalidad en los contratos de YPFB.

Bolivia se encamina a redefinir su modelo hidrocarburífero con un proyecto de ley que apunta a equilibrar la captación de ingresos estatales y la atracción de capital privado, en un contexto marcado por la caída sostenida de la producción y las exportaciones de gas. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, confirmó que la iniciativa establecerá tributos de hasta el 50% para las petroleras, en línea con el mandato del referéndum de 2004, y eliminará la discrecionalidad de la estatal en la negociación de contratos, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.

El diagnóstico oficial parte de cifras críticas: la producción de gas natural se redujo a menos de la mitad respecto a 2014, mientras que las exportaciones cayeron de más de 6.000 millones de dólares en 2013 a poco más de 1.000 millones en 2025. A esto se suma la disminución de reservas probadas, que pasaron de 10,7 a 3,7 trillones de pies cúbicos en los últimos años, reflejando un deterioro estructural del sector.

Frente a este escenario, el Gobierno de Rodrigo Paz busca implementar un modelo mixto en el que la empresa estatal mantenga su rol estratégico, pero opere de forma asociada con inversores privados, replicando esquemas aplicados en países como Brasil, Colombia y Chile. La reforma será la primera de fondo que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa, con la intención de revertir la tendencia negativa y recuperar la capacidad productiva del país.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la revisión del régimen fiscal. Medinaceli explicó que, tras la nacionalización impulsada durante el gobierno de Evo Morales, la participación estatal no se mantuvo en el 82% como suele creerse, sino que se estabilizó en torno al 60%, combinando regalías, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y otros cargos contractuales. La nueva propuesta busca simplificar este esquema y hacerlo más predecible.

Además, la iniciativa plantea eliminar conceptos como los costos recuperables y establecer reglas claras que reduzcan la discrecionalidad en la gestión contractual, un factor que, según el Ejecutivo, ha limitado la llegada de inversiones. En paralelo, se proyecta fortalecer a YPFB mediante mecanismos de financiamiento externo, como la emisión de bonos e incluso su eventual participación en mercados bursátiles.

El proyecto, sin embargo, mantendrá el marco constitucional vigente, que establece que los hidrocarburos son propiedad del Estado boliviano. Bajo esa premisa, la reforma apunta a generar condiciones económicas más competitivas que incentiven la exploración y explotación, en un momento en que el país enfrenta una caída en sus principales fuentes de divisas.

La discusión legislativa de esta norma será clave para definir el rumbo energético de Bolivia en los próximos años, en un contexto donde la sostenibilidad fiscal y la seguridad energética dependen cada vez más de la capacidad de reactivar el sector hidrocarburífero.