La justicia neerlandesa ratificó la decisión arbitral y cerró un litigio de más de una década por la nacionalización del sistema de pensiones.

El Estado boliviano deberá cumplir con el pago establecido en un arbitraje internacional luego de que la justicia de Países Bajos rechazara sus recursos y confirmara el fallo previo en favor de una inversora extranjera, poniendo fin a un conflicto legal que se extendió por más de diez años.

El caso gira en torno al traspaso de la administración de pensiones hacia la Gestora Pública, proceso que, según la parte demandante, se realizó en medio de incertidumbre jurídica y demoras que afectaron sus operaciones. Aunque Bolivia defendió su derecho soberano a la nacionalización, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones concluyó que el procedimiento vulneró derechos de la empresa extranjera.

La reciente decisión del máximo tribunal neerlandés no solo ratifica ese criterio, sino que también obliga al país a cubrir los costos procesales del juicio, incrementando el impacto económico del caso.

De acuerdo con fuentes jurídicas, la corte consideró que la defensa boliviana no presentó argumentos suficientes para modificar el fallo arbitral, por lo que se mantuvo la validez de la decisión en el marco del derecho internacional vigente.

Con este desenlace, el Gobierno queda obligado a ejecutar el pago acordado, cerrando así una prolongada disputa que transitó por diferentes instancias judiciales y arbitrales a nivel global, y que ahora tendrá efectos directos en las finanzas del Estado.