La medida afecta cuentas bancarias y propiedades vinculadas al medio de investigación, en medio de denuncias de persecución a la prensa independiente en El Salvador.

El Gobierno de Nayib Bukele dispuso el congelamiento de activos y bienes inmuebles de socios fundadores del periódico digital El Faro, en una decisión ejecutada el 7 de mayo de 2026 mediante una “anotación preventiva” sobre cuentas bancarias y propiedades de la sociedad Trípode S.A. de C.V., empresa que administra el medio.

Según la versión oficial, la medida responde a supuestas irregularidades tributarias y deudas fiscales. Sin embargo, el equipo del medio calificó la acción como un acto de “venganza política” y una forma de asfixia económica contra el periodismo de investigación.

El congelamiento se produce días después de la publicación de nuevas investigaciones que apuntan a presuntos pactos entre el Gobierno salvadoreño y estructuras de pandillas, además de presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la política de seguridad del país.

Entre los hallazgos difundidos por el medio se mencionan nuevos testimonios sobre acuerdos secretos con estructuras criminales y cuestionamientos al uso de recursos en el sistema penitenciario, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El Faro sostiene que el hostigamiento se ha intensificado desde su salida administrativa a Costa Rica en 2023, donde trasladó parte de sus operaciones ante el aumento de presiones internas en El Salvador.

“El objetivo es claro: afectar nuestra capacidad de investigar al poder”, señaló un vocero del medio, al advertir que además del congelamiento de bienes enfrentan campañas de desprestigio, vigilancia digital y presión institucional.

Organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras han alertado sobre un deterioro de la libertad de prensa en el país y consideran estas acciones como un retroceso democrático.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos han pedido atención internacional ante lo que consideran un proceso de criminalización del periodismo crítico en El Salvador.