Diversas cámaras empresariales del país decidieron no participar en la reglamentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, en rechazo a la disposición adicional séptima incluida en el proyecto de ley. Esta disposición faculta a las autoridades a confiscar productos de empresas que almacenen, retengan o intenten encarecer alimentos esenciales, con el objetivo de garantizar su abastecimiento.

El sector privado, a través de un comunicado, reiteró su solicitud al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para eliminar esta disposición, que consideran una vulneración de derechos fundamentales. Además, advirtieron que podría provocar arbitrariedad y extorsión por parte de funcionarios públicos, y generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la medida, aclarando que su fin no es estigmatizar a los productores, sino evitar que productos nacionales sean desviados por intermediarios ajenos a la industria boliviana.

Cámaras empresariales que se pronunciaron en contra:

  • Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)
  • Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB)
  • Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB)
  • Cámara Nacional de Industrias (CNI)
  • Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO)
  • Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ)
  • Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM)
  • Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Chuquisaca (CAINCO Chuquisaca)
  • Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX)
  • Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Tarija (CAINCO TAN)
  • Cámara Departamental de Industrias de Oruro (CIO)
  • Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Pando (CIC Pando)
  • Cámara Departamental de Comercio e Industria de Potosí.