Vía: El Mostrador Arica, Chile

Ante el riesgo de que los 59 contenedores con maderas bolivianas incautados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso por la presunta presencia de trazas de drogas sean incinerados por el Servicio de Salud de Arica, la defensa de 15 de las 21 empresas madereras bolivianas afectadas solicitó a la Fiscalía Regional suspender cualquier medida destinada a destruir las cargas que aún permanecen retenidas.

Los contenedores se encuentran en proceso de inspección para determinar si lo incautado corresponde exactamente a los cargamentos despachados desde Bolivia hacia los terminales chilenos. La defensa fundamentó su petición en el riesgo de destrucción de las mercancías antes de que concluyan estas diligencias.

Pese a ello, Aquí Arica confirmó con fuentes reservadas que el proceso de incineración se inició el 3 de septiembre con un contenedor de prueba y se habría reanudado el 11 de septiembre con otros 5 cargamentos de un total de 48 contenedores que se encuentran retenidos en el terminal marítimo. Las primeras seis cargas incineradas corresponderían a aquellas que no fueron representadas legalmente en Chile en los procesos investigativos que se mantienen bajo reserva.

Si bien ninguna autoridad en la Fiscalía Regional, en el Servicio de Salud de Arica y tampoco en el ISP quisieron ratificarlo, este medio presenció el segundo operativo del 11 de septiembre realizado en la explanada de quemas de sustancias ilícitas en Pampa Concordia, en las proximidades de la Ruta A-13. Ese día, desde temprano se dispuso maquinaria pesada y la asistencia de funcionarios del Servicio de Salud, de Carabineros de Chile y de la Delegación Presidencial Regional para este efecto.

En el Servicio de Salud señalaron que no podían referirse al tema “por razones de seguridad” y en el ISP dijeron que estas materias “eran de competencia del Servicio de Salud y de la Fiscalía“. Y en cuanto al método de análisis utilizado para acreditar si las maderas tenían droga, el ISP se excusó de entregar antecedentes, indicando que estos serán parte de una investigación académica que pronto será publicada.

El calendario de las próximas incineraciones sería manejado bajo estricta reserva, sin notificación a los propietarios de las cargas y bajo un compromiso de confidencialidad para los funcionarios públicos participantes, con la advertencia de que cualquier filtración podría significar el inicio de un proceso penal, dado que la investigación se encuentra bajo reserva de acuerdo a la Ley 20.000.

Las quemas serían coordinadas por la Delegación Presidencial Regional (DPR), entidad que descartó licitar el servicio de retiro y destrucción de las maderas, dado que podría costar unos 8 mil millones de pesos. La operación, suspendida durante la semana de Fiestas Patrias, sería retomada esta semana y se extendería durante todo este mes hasta agotar los 48 contenedores. Con este nivel de celeridad, la autoridad gubernamental pretendería evitar que los contenedores queden abandonados, tal como ocurrió con las 690 toneladas de precursores químicos decomisadas en diciembre de 2022 y que recién pudieron ser trasladadas y destruidas este año.

Consultado sobre este procedimiento, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero negó cualquier intervención de su organismo en la incineración de las maderas. “La ley obliga y otorga un plazo de 30 días desde el comiso. Lo que sí hicimos en su momento en esta causa fue pedir una ampliación de ese plazo porque era muy difícil que se realizara en 30 días. Y se amplió por 120 días. ISP define si hay droga y la ley define que donde hay droga, hay que destruir y da plazo para ello”, afirmó.

Bloqueo a incineraciones

Advirtiendo el inicio de la destrucción de un primer lote de maderas, la defensa del grupo de las 15 empresas afectadas con el decomiso pidió que no se destruyera la evidencia. Los empresarios han insistido en su tesis de que el caso “está viciado”, al conocer que los informes del ISP nunca detectaron la impregnación con droga, sino que solo fueron pesquisadas “trazas”” de entre un 5% y un 10%, cantidades insuficientes para montar una operación de narcotráfico.

A través del congelamiento de la destrucción, los exportadores buscan evitar pérdidas millonarias por incumplimientos en los despachos de estas cargas a sus clientes, pensando en que aún pueden lograr la liberación de las cargas retenidas.

Esa convicción descansaría en las gestiones políticas efectuadas por el Gobierno y el Congreso del vecino país y la presentación de dos informes de exagentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) en los causas que investiga el Ministerio Público. Los análisis contradicen la tesis de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota sobre el hallazgo de un sofisticado método de impregnación con cocaína o ketamina en las maderas.

Sin embargo, el organismo persecutor confirmó hace dos semanas a este medio que el caso estaba cerrado, indicando que el único informe válido y que acreditó la presencia de droga es el que realizó el Instituto de Salud Pública (ISP) y que no se autorizará la realización de un peritaje alternativo, ya que el sistema penal chileno no lo contempla.

Dentro de las 15 empresas madereras que han elegido la vía judicial figuran Andina Forestal SRL, Bolprow SRL, Bolivia S.A., Expres Wood, Manurini Eco Import Export, Multipando, Siempre Verde, Maderera Zalles, Realwood SRL y Río Yata Madera Import Export S.R.L. Todas ellas son representadas por el abogado y exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Daniel Guevara.

La misma defensa de este grupo maderero boliviano presentó la semana pasada una declaración suplementaria en las causas que investiga la Fiscalía Regional, en la que advierte que el ISP no está acreditado internacionalmente ni a nivel nacional para el análisis de drogas. Esta información fue entregada por el experito químico de la DEA, Scott Richard Oulton.

El experto, luego de hacer un análisis normativo y de las credenciales de este laboratorio, indicó que el ISP no posee acreditación nacional del Instituto Nacional de Normalización (INN) “para el análisis forense de drogas incautadas”. Asimismo, a nivel internacional, Oulton expuso que tampoco tiene la acreditación de la Junta Nacional de Acreditación ANSI (ANAB). En esta entidad, el ISP según el perito- solo está acreditado para el análisis de productos farmacéuticos y sujetos a control sanitario, pero no de tipo forense en drogas.

Visita de senadores bolivianos

El lobby político es una vía que los madereros no han descartado. Tras la visita de cuatro senadores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile a La Paz, ciudad donde se reunieron con el Presidente de la República Rodrigo Paz y parlamentarios homólogos, se prevé que un grupo de senadores bolivianos visitará Arica para inquirir detalles sobre el “Caso Narcomaderas” y también está en agenda una próxima visita del Presidente José Antonio Kast al vecino país en las siguientes semana.

Se ignora aún cuándo se efectuará esta visita de los parlamentarios bolivianos. Sin embargo, ya existen alertas en el Gobierno para evitar que la misión se convierta en un hecho político de alta conflictividad, tal como ocurrió con la visita del excanciller del Gobierno de Evo Morales, David Choquehuanca, quien se presentó sin previo aviso en el Puerto de Arica en julio 2016. Allí el ministro ingresó y denunció vulneraciones al Tratado de 1904 que estaría cometiendo en ese entonces el Estado chileno. Si bien la acción fue altamente mediática, finalmente no tuvo el efecto que Bolivia esperaba, ya que en octubre de 2018 la Corte Internacional de La Haya rechazó la demanda marítima presentada por el vecino país en contra de Chile.

La visita de los senadores respondería también a algunas versiones nacionalistas surgidas en Bolivia, sobre un presunto “sabotaje” a las cargas bolivianas en los puertos chilenos. Esta tesis tendría soporte en la retórica de algunos líderes bolivianos que acusan a Chile de ejercer una posición “abusiva”” sobre Bolivia, al tener cautivas sus cargas de exportación e importación por la condición mediterránea que exhibe, tras la pérdida de su acceso al Océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico.

///EL MOSTRADOR///