El Decreto Supremo 5697 establece una intervención temporal de la estatal petrolera para corregir deficiencias operativas y fortalecer la importación y distribución de carburantes.

El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre.

La medida surge en medio de las dificultades registradas en el abastecimiento de combustibles y tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de importación, logística y distribución de carburantes, ante las deficiencias identificadas en las operaciones de la empresa estatal.

La normativa establece una intervención estatal de carácter extraordinario y temporal, orientada a establecer mecanismos de control, supervisión y transparencia en la cadena logística de los combustibles, bajo el argumento de proteger los intereses del Estado.

El decreto también contempla que, de manera excepcional, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías pueda ampliar el periodo de intervención mediante una Resolución Ministerial, siempre que persistan las causas que dieron origen a la medida.

La comisión encargada de la intervención estará integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Entre sus atribuciones estará la supervisión de las acciones destinadas a mejorar el funcionamiento de la cadena de importación y distribución de carburantes, aplicando criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad pública.

El Gobierno aclaró que la intervención no supone la eliminación de YPFB, ni modifica su naturaleza jurídica o la estructura establecida en la normativa vigente. Se trata de una medida temporal destinada a enfrentar las deficiencias identificadas en su funcionamiento.

La decisión se conoce mientras persisten las dificultades en el suministro de diésel y gasolina en diferentes regiones del país, además de las protestas y cuestionamientos de sectores productivos y cívicos contra las medidas adoptadas por el Gobierno para modificar el esquema de comercialización de combustibles.

Con la intervención, el Ejecutivo busca establecer un mecanismo extraordinario de control sobre la estatal petrolera y avanzar en una reorganización de los procesos vinculados al abastecimiento e importación de carburantes, en un momento de fuerte presión sobre el sistema de combustibles del país.