Por: Valeria Mariana Vargas Tórrez*
En política, la verdad puede ser incómoda, pero la ambigüedad termina siendo mucho más costosa. El caso Beller-Cerimedo pone a prueba no solo a la justicia, sino también la capacidad del poder para comunicar con transparencia en medio de una crisis.
Hay momentos en política en los que gobernar deja de ser solamente administrar un país y se convierte, inevitablemente, en administrar la confianza. El caso que involucra a Nadia Beller y Fernando Cerimedo ha colocado al Gobierno de Rodrigo Paz frente a uno de esos momentos, no porque las acusaciones que circulan puedan darse por verídicas, eso lo determinara la investigación y la justicia, porque alrededor del caso han comenzado a aparecer demasiadas preguntas que ya no pueden responderse únicamente con discursos institucionales.
La política tiene una regla sencilla: cuando las preguntas crecen más rápido que las respuestas, la crisis deja de ser exclusivamente judicial y se convierte en una crisis de comunicacional. El Presidente Paz decidió pronunciarse públicamente y sostuvo que Cerimedo participó en su campaña electoral y colaboró también al inicio de su Gobierno. Al mismo tiempo, aclaró que nunca tuvo contrato, que no existió una relación laboral directa y que Cerimedo jamás estuvo autorizado para representar al Estado, a la Presidencia, al Gobierno o a su familia.
Desde el punto de vista jurídico, esas precisiones pueden ser relevantes, pero desde el punto de vista de la comunicación política, no alcanzan, porque el ciudadano no solamente quiere saber si existió un contrato, quiere saber qué papel cumplía esa persona, quién lo invitó, quién lo introdujo al círculo de poder, con quién se reunía, qué acceso tenía, sobre que decisiones podía influir y por qué alguien que no era funcionario ni tenía una representación formal podía estar vinculado al inicio de una administración presidencial. Ese es el verdadero problema comunicacional, porque decir “no tenía contrato” responde una pregunta administrativa, pero no necesariamente responde una pregunta política. Y aquí está uno de los errores más frecuentes de los gobiernos cuando enfrentan una crisis: responder exactamente lo que se les pregunta jurídicamente, pero no aquello que la sociedad necesita comprender políticamente. La comunicación de crisis no consiste en negar, tampoco consiste en hablar mucho, consiste en explicar lo suficiente para que el vacío de información no sea ocupado por rumores, especulaciones o versiones de terceros.
El Gobierno ha dicho que las denuncias deben probarse y que la investigación debe ser transparente, el propio Presidente ha insistido en que “el escándalo no es una prueba”, tiene razón en un punto fundamental: una acusación no equivale a una sentencia, pero existe otra verdad igualmente importante: la transparencia no puede esperar a que exista una sentencia, un gobierno democrático tiene la obligación política de explicar aquello que pueda explicar, incluso mientras la justicia determina aquello que todavía no puede determinarse, Y aquí aparece una palabra que en política suele producir miedo: verdad.
La verdad no siempre es cómoda, a veces obliga a reconocer errores, a veces obliga a admitir que se confió en la persona equivocada, a veces obliga a decir que una decisión fue equivocada y en determinadas circunstancias, obliga incluso a pedir perdón, por eso la política debería recordar algo elemental: Para vivir en paz hay que hacer dos cosas: decir la verdad y pedir perdón, y este perdón no es una muestra de debilidad.
Todo lo contrario, en comunicación política, reconocer un error antes de que otro lo descubra suele ser mucho más poderoso que esperar a que una investigación, un documento, un mensaje o un testimonio obligue al Gobierno a reconocerlo después. La ciudadanía puede perdonar un error, lo que difícilmente perdona es sentir que le están contando una verdad incompleta y ese es precisamente el riesgo que enfrenta la administración de Rodrigo Paz. El problema ya no es solamente Cerimedo, el problema es lo que Cerimedo representa políticamente.
Representa la pregunta sobre los límites entre un consultor privado y el poder público, representa la discusión sobre quién tiene acceso al Presidente, representa la frontera entre una campaña electoral y un Gobierno y representa además, un debate contemporáneo mucho más grande: hasta dónde llegan las estructuras privadas de comunicación, estrategia digital y asesoramiento político cuando termina una elección y comienza el ejercicio del poder.
La investigación periodística y judicial ha puesto sobre la mesa, además, elementos que van más allá del atentado contra Beller, como investigaciones por enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con otras actividades, son asuntos que deberán ser probados y esclarecidos por las autoridades competentes.
Precisamente por eso, el Gobierno debería comprender que no necesita defender a nadie, Necesita defender algo mucho más importante: la credibilidad institucional, la mejor estrategia política frente a una crisis de esta magnitud no es convertirse en abogado del acusado ni en enemigo de quien denuncia, Es decir: Investíguese todo, muéstrese todo lo que legalmente pueda mostrarse, explíquese todo lo que pueda explicarse, y si hubo un error político, reconózcase. Porque cuando un gobierno intenta cerrar una crisis únicamente con argumentos defensivos, corre el riesgo de convertir cada nueva revelación en una nueva crisis.
En cambio, cuando un gobierno decide adelantarse a las preguntas, entrega información y reconoce sus propias equivocaciones, recupera algo que ninguna campaña digital puede fabricar: credibilidad. Rodrigo Paz todavía tiene una oportunidad, no de controlar el relato, eso ya no existe en la política contemporánea, sino de conducirlo con transparencia.
Y esa diferencia es enorme porque en tiempos de redes sociales, filtraciones, audios, videos, capturas de pantalla y operaciones digitales, el poder ya no puede pretender que la ciudadanía conozca solamente aquello que el Gobierno decide contar. La información circula, Las versiones circulan, Las dudas circulan Y cuando las instituciones no responden, alguien más responde por ellas.
Por eso esta crisis debería dejar una lección estratégica para el Gobierno: la comunicación política no puede sustituir a la verdad, puede ordenar un mensaje, puede explicar una decisión, puede contener una crisis, puede construir una narrativa, pero no puede sostener indefinidamente una versión que no responda las preguntas fundamentales. La política puede sobrevivir a un error, puede sobrevivir a una mala decisión, incluso puede sobrevivir a una crisis, lo que le cuesta muchísimo más es sobrevivir a la pérdida de confianza.
Y la confianza, una vez rota, no se recupera con una conferencia de prensa, se recupera con hechos, por eso, quizás el desafío más grande para el Gobierno de Rodrigo Paz en este momento no sea demostrar que Cerimedo no tenía poder formal. El desafío verdadero es demostrar que el poder informal tampoco tuvo espacio para reemplazar a las instituciones, ahí está la pregunta de fondo y ahí también está la oportunidad. Porque en política, al final, la ciudadanía suele aceptar una verdad incómoda mucho antes que una explicación ambigua. Para vivir en paz hay que decir la verdad Y cuando corresponde, también hay que saber decir dos palabras que pueden ser políticamente difíciles, pero humanamente poderosas: perdón, me equivoqué…
*Valeria Mariana Vargas Tórrez es comunicadora social y magister en comunicación política
