La crisis social que atraviesa Bolivia ya deja un saldo de 321 personas arrestadas, siete fallecidos y 23 heridos, según el Primer Reporte Preliminar sobre la Conflictividad Social elaborado por la Defensoría del Pueblo.

El informe, presentado por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, analiza los hechos ocurridos entre el 1 y el 24 de mayo de 2026 y advierte sobre el impacto de los enfrentamientos en la vida cotidiana, la salud y la convivencia social.

De acuerdo con el reporte, las intervenciones policiales y los operativos conjuntos entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras en La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro derivaron en decenas de detenciones y personas heridas.

Arrestados e imputaciones

La Defensoría verificó que, hasta el 24 de mayo:

  • 321 personas fueron arrestadas.
  • 221 recuperaron su libertad.
  • 89 fueron imputadas penalmente.
  • 12 recibieron detención preventiva.
  • 19 cumplen detención domiciliaria.
  • Cinco obtuvieron medidas sustitutivas.
  • Diez fueron sentenciadas a tres años de cárcel mediante procedimiento abreviado.

Heridos y fallecidos

El documento también reporta 23 personas heridas de diversa gravedad, entre ellas:

  • tres policías,
  • dos periodistas,
  • cinco terceros afectados,
  • y 12 personas movilizadas.

Además, se registraron siete fallecimientos vinculados al contexto de conflictividad social, aunque algunos casos continúan bajo investigación del Ministerio Público.

Paralelamente, el Gobierno informó sobre otras cuatro muertes relacionadas con la falta de atención médica debido a los bloqueos que impidieron el paso de ambulancias. También confirmó la muerte de un joven de 24 años por impacto de bala, caso que aún se investiga.

“La vida no puede seguir quedando en medio del conflicto”, afirmó Callisaya, al pedir a los sectores movilizados y a las autoridades priorizar el diálogo y soluciones pacíficas.

Acciones humanitarias y defensa de derechos

La Defensoría del Pueblo señaló que activó un protocolo institucional con dos líneas de acción:

  • una humanitaria, enfocada en garantizar derechos fundamentales y atención de emergencias;
  • y otra orientada al diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

Entre las gestiones realizadas, la institución destacó el ingreso de 40 toneladas de oxígeno medicinal desde Desaguadero y la ruta Oruro–La Paz hacia hospitales de El Alto.

Asimismo, efectuó verificaciones en hospitales, mercados y estaciones de servicio de La Paz y El Alto para supervisar el abastecimiento de medicamentos, alimentos y combustibles.

La entidad también emitió pronunciamientos para resguardar el trabajo de la prensa tras las agresiones registradas durante la cobertura de las protestas y promovió espacios de diálogo junto a la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos.