El alcalde de Achocalla, Manuel Condori Quispe, fue enviado al penal de Patacamaya por un período de tres meses en calidad de detenido preventivo. La autoridad municipal enfrenta acusaciones por los delitos de lesiones leves y graves e incumplimiento de deberes, en relación con el desastre de la mazamorra que devastó la zona de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, el pasado 23 de noviembre.

La Fiscalía presentó pruebas documentales y testimonios que vinculan a Condori con los hechos, destacando que autorizó la remoción de tierra en una zona cercana al Cementerio Los Andes. Estas labores, realizadas por la empresa Kantutani, habrían contribuido al deslizamiento de lodo y escombros que destruyó al menos 40 viviendas, afectó infraestructura pública y causó la trágica muerte de Camila, una niña de cinco años.

Aquella noche, intensas lluvias desbordaron el río Pasajahuira, desencadenando el desastre que dejó a numerosas familias damnificadas y la zona colapsada. Según la investigación, la remoción de tierra en un área calificada como de alto riesgo fue un factor determinante en el desenlace fatal, lo que ha generado indignación en las comunidades afectadas.

El caso también involucra al alcalde de La Paz, Iván Arias, quien ha sido citado como parte de la investigación. Su declaración, inicialmente prevista para esta semana, fue pospuesta por problemas de salud. Tanto Condori como Arias han señalado a la empresa Kantutani como responsable directa del incidente, aunque la Fiscalía asegura que existen evidencias claras sobre la responsabilidad de las autoridades en la gestión y autorización de los trabajos.

Ante la decisión judicial, comunarios de Achocalla se congregaron en las afueras del tribunal para expresar su respaldo al alcalde Condori. Tras conocer la resolución, que calificaron de injusta y perjudicial, anunciaron medidas de protesta. Estas incluyen el bloqueo del relleno sanitario de Alpacoma, una infraestructura clave para el manejo de residuos en La Paz, así como el corte de la carretera principal que conecta la ciudad con el resto del país.

Los dirigentes de las movilizaciones han señalado que continuarán exigiendo la libertad de Condori y cuestionaron el accionar judicial, asegurando que se está criminalizando a su municipio mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Las autoridades aún no han confirmado cómo manejarán las amenazas de bloqueo, que podrían paralizar importantes actividades en la región.