La decisión de Washington contra el fiscal general también alcanza a exautoridades, fiscales, jueces y un exdirector de la Felcn. Mariaca rechazó las acusaciones y pidió respeto a la soberanía boliviana, mientras el Legislativo analiza una respuesta institucional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, entre los ciudadanos bolivianos sancionados con restricciones de visa, bajo acusaciones de corrupción vinculada al narcotráfico. Washington sostiene que la autoridad habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades ilícitas y favorecer a criminales violentos, sin hacer públicos mayores elementos sobre esas acusaciones.

La medida también alcanza a otros ciudadanos bolivianos, entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima, además de fiscales, jueces, magistrados y el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Frans William Cabrera. Estados Unidos señaló que las restricciones forman parte de sus acciones contra el narcoterrorismo y en defensa de instituciones democráticas.

Mariaca respondió que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros países, pero exigió el mismo respeto hacia sus instituciones. “Cooperación sí, injerencia no”, afirmó, al rechazar que el trabajo de la Fiscalía sea condicionado por presiones externas. También relacionó las acusaciones con investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, entre ellas el denominado caso Cerimedo y otros procesos vinculados al narcotráfico.

El Gobierno anunció que solicitará a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios que permitan conocer el sustento de las acusaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó los señalamientos de graves, mientras que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se reforzarán las investigaciones y tareas de inteligencia sobre las personas incluidas en la lista.

En la Asamblea Legislativa también surgieron pedidos para que Mariaca se aparte temporalmente del cargo mientras se esclarecen las denuncias. Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, anunciaron que buscarán tratar el caso en una sesión legislativa. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga planteó conformar una comisión para recabar información y establecer eventuales responsabilidades.

La controversia queda ahora vinculada a la información y pruebas que Washington pueda proporcionar y a las investigaciones que se desarrollen en Bolivia. Las acusaciones de Estados Unidos, por sí mismas, no constituyen una sentencia judicial.