El incremento salarial solicitado por la COB forma parte de un pliego de 130 demandas que incluyen desde reformas estructurales hasta la garantía de derechos en salud, educación y vivienda. La entidad exige un aumento del 15% al salario mínimo y del 20% al haber básico, señalando que busca compensar la subida del costo de vida. También plantea auditorías a la Gestora Pública y mayor control obrero en la administración de pensiones. El Gobierno afirma que ya atendió parte de las demandas, como las relacionadas con desarrollo rural y tierras, mediante acuerdos firmados por ministros con la dirigencia.
En paralelo, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz advirtió que el posible incremento salarial implicaría un aumento del 41,7% en la carga social para las empresas, afectando su sostenibilidad. Denunciaron la falta de diálogo tripartito y alertaron sobre despidos, paralización de obras públicas y mayor informalidad. Otras organizaciones empresariales, como Fedemype y Cainco, también se pronunciaron en contra. Señalan que un nuevo ajuste salarial podría provocar el cierre de miles de pequeñas empresas, mayor inflación y profundizar la crisis económica del país.
El ministro Yamil Flores aseguró que se avanza en el diálogo con la COB y se firmaron acuerdos en algunos sectores, aunque el aumento salarial aún está en negociación. Mientras tanto, sectores empresariales reclaman que se priorice una agenda de empleo sostenible en vez de medidas unilaterales que —según dicen— ponen en riesgo la estabilidad económica nacional.
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