Por: Shirley Gutierrez

Este 3 de mayo, Bolivia llega al Día Mundial de la Libertad de Prensa en un momento de profunda introspección. No se trata solo de celebrar un derecho constitucional, sino de evaluar las grietas de un pilar democrático que, en los últimos años, ha sido sometido a una presión constante. En el corazón de Sudamérica, informar se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo entre la verdad y la supervivencia.

La realidad boliviana de 2026 nos muestra que el peligro ya no solo reside en los centros de poder político en La Paz. La labor periodística en las zonas fronterizas y áreas de conflicto social (como el Trópico de Cochabamba o el norte cruceño) ha pasado a ser una actividad de alto riesgo. El acoso de grupos irregulares y la falta de garantías estatales han creado «zonas de silencio» donde los periodistas locales prefieren callar antes que enfrentar agresiones físicas o la destrucción de sus equipos.

La «asfixia» como herramienta de censura

A diferencia de las dictaduras del siglo pasado, hoy la censura en Bolivia no siempre llega con botas militares, sino con facturas y auditorías. La asfixia económica a través de la asignación discrecional de la publicidad estatal sigue siendo el «garrote» más efectivo para disciplinar líneas editoriales. Los medios que mantienen una postura crítica se ven marginados de los recursos públicos, mientras que aquellos que replican el discurso oficial gozan de estabilidad financiera. Esta brecha no solo debilita a las empresas de comunicación, sino que empobrece la calidad de la información que recibe el ciudadano de a pie.

El fantasma de la «Ley de Imprenta»

Uno de los puntos más críticos en el debate nacional sigue siendo la vigencia de la Ley de Imprenta de 1925. Mientras los gremios periodísticos la defienden como el último escudo contra la justicia ordinaria (muchas veces politizada), desde distintos sectores del poder se intenta «actualizarla» con normativas que, bajo el velo de combatir la desinformación o el discurso de odio, esconden mecanismos de control y persecución penal.

«En Bolivia, cuando un periodista es procesado por la vía penal en lugar de los tribunales de ética, no se está buscando justicia, se está buscando el escarmiento.»

En 2026, las redes sociales en Bolivia son un campo de batalla. La proliferación de «guerreros digitales» y cuentas anónimas financiadas con recursos opacos ha enturbiado el debate público. En este ecosistema, los medios tradicionales y los portales independientes luchan no solo contra la precariedad, sino contra la narrativa del «periodista como enemigo», una etiqueta peligrosa que ha calado en sectores radicalizados de la población.

La libertad de prensa en Bolivia no pertenece a los dueños de los medios ni a los reporteros; es un patrimonio de la sociedad boliviana. Sin un periodismo que cuestione, que investigue el uso de los recursos del gas, el litio y los impuestos, la democracia se convierte en un teatro de sombras.

Este día debe servir para exigir al Estado garantías reales de protección y para que la ciudadanía valore el esfuerzo de quienes, a pesar de todo, siguen encendiendo la grabadora y preguntando «¿por qué?». Porque un país que silencia a sus periodistas es un país que renuncia a ver su propia realidad.