La Sala Constitucional Tercera de El Alto definirá este lunes la acción presentada por el exministro de Economía, quien sostiene que la censura fue aprobada con los votos de los legisladores presentes y no con los dos tercios del total de miembros de la Asamblea.

El exministro de Economía José Gabriel Espinoza acudirá a la justicia constitucional para intentar dejar sin efecto la censura aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado 18 de agosto.

La audiencia está prevista para las 16:00 de este lunes en la Sala Constitucional Tercera de El Alto. Espinoza sostiene que la decisión legislativa no cumplió con el requisito constitucional de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea, debido a que la votación se realizó sobre los legisladores presentes.

Durante la sesión de interpelación, Espinoza no estuvo presente y justificó su ausencia por actividades oficiales en Santa Cruz. La Asamblea rechazó su justificativo y aprobó la censura con 91 votos de los 129 legisladores presentes.

El exministro argumentó que el artículo 158 de la Constitución establece que la censura requiere dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. El Gobierno de Rodrigo Paz respaldó esta interpretación y posteriormente emitió un decreto que dejó sin efecto su designación y nombró de manera interina a Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Rural.

El proceso también generó cuestionamientos por un supuesto conflicto de intereses. El senador Leonardo Roca afirmó que el juez que preside la Sala Constitucional tendría una hija que trabaja en el Banco Central de Bolivia (BCB), institución dependiente del Ministerio de Economía.

Roca cuestionó que la acción haya sido presentada en El Alto y pidió establecer si existe algún impedimento para que la autoridad judicial conozca el caso. Hasta el momento, no hubo una respuesta pública sobre esa denuncia.

Mientras se espera la decisión judicial, parlamentarios de oposición rechazaron la posibilidad de que Espinoza sea restituido. También recordaron una denuncia relacionada con la compra de un vehículo cuyo valor declarado en un documento de compraventa sería inferior al precio real.

Espinoza sostuvo que se trató de un error del tramitador y afirmó que pagó Bs 350.000 por el motorizado y no Bs 50.000, como figuraba en el documento cuestionado.