La Fiscalía de Bolivia ha presentado una acusación formal contra la exministra de Salud, Eidy Roca, y otras siete personas por irregularidades en la compra de 324 ventiladores pulmonares de origen chino. Estos equipos, destinados para el tratamiento de pacientes con COVID-19, no cumplían con los requerimientos técnicos. La pena solicitada por el Ministerio Público es de 10 años de cárcel.

Detalles de la Acusación

Según el fiscal Aldrin Barrientos, los ventiladores fueron recepcionados formalmente pero posteriormente se concluyó que no cumplían con 40 puntos detallados en las especificaciones técnicas. A pesar de estas observaciones, se firmó una segunda enmienda en el contrato sin mejoras en la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los equipos.

Impacto Económico

El costo real de los ventiladores no superaba los 8.900 dólares, pero se pagó 30.000 dólares por cada unidad. El daño económico al Estado identificado por la Fiscalía es de 10.456.332 dólares, más 46.472 dólares por los días de retraso en la entrega.

Implicaciones Legales

Los acusados enfrentan cargos por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública. El Ministerio Público solicita una pena máxima de 10 años de prisión.

La acusación formal en este caso pone de manifiesto la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión pública, especialmente en tiempos de crisis como una pandemia.