Diputados no lograron los dos tercios para tratar la norma; sectores productivos y campesinos intensifican la disputa.

El primer intento para abrogar la Ley 1720, de conversión de tierras, fracasó anoche en la Cámara de Diputados luego de que no se alcanzaran los dos tercios necesarios para tratar el proyecto con dispensación de trámite y voto de urgencia. La votación dejó en evidencia una fuerte división política y regional en torno a la norma.

Mientras organizaciones campesinas mantienen presión en La Paz para exigir la anulación inmediata de la ley, el bloque multisectorial de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y advirtió con movilizaciones en defensa del sector productivo.

El conflicto se desató después de que el Gobierno de Rodrigo Paz acordara con campesinos e indígenas de Pando y Beni gestionar la abrogación de la Ley 1720, norma que permite la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas propiedades mediante trámites ante el INRA.

Tras ese compromiso, la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados aprobó un proyecto de ley de abrogación para remitirlo al pleno camaral.

Sin embargo, durante la sesión no se consiguió el respaldo de dos tercios para acelerar su tratamiento, por lo que el debate fue postergado hasta este viernes.

La discusión abrió dos bloques claramente enfrentados en la Cámara Baja: uno que respalda el pedido de los campesinos y otro que rechaza cualquier modificación a la norma por considerar que favorece el crecimiento económico de pequeños productores.

Entretanto, los sectores campesinos mantienen una vigilia a una cuadra de la Asamblea Legislativa y exigen la eliminación inmediata de la ley.

Desde Santa Cruz, la reacción fue contundente. El Comité Multisectorial, integrado por sectores agropecuarios, empresariales y cívicos, expresó su rechazo a la posible abrogación y cuestionó al Gobierno nacional.

“Lejos de corregir el rumbo, el Gobierno insiste en profundizar un modelo fracasado que castiga al productor, bloquea la inversión y destruye la confianza”, señala parte de un pronunciamiento difundido por el sector.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que eliminar la ley sería impedir que pequeños productores puedan crecer y desarrollarse económicamente.

“El Gobierno, al promover la abrogación de esta ley, nos está coartando la libertad de crecer, de producir y de garantizar la cadena alimenticia del país”, sostuvo.

En la misma línea, el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco calificó de “locura” la intención de eliminar la norma y recordó que la conversión de tierras es voluntaria y no obligatoria.

“Estamos totalmente en contra de la abrogación de la Ley 1720. Es una locura. La ley es optativa y beneficia a los pequeños productores”, afirmó.

La disputa por la Ley 1720 abre un nuevo foco de tensión política y social para el Gobierno, que ahora enfrenta presiones simultáneas de sectores campesinos y del bloque productivo del oriente del país.