El viceministro de Transparencia explicó que el Decreto Supremo 5706 amplía las facultades de su despacho y permitirá coordinar con la UIF para identificar movimientos y bienes de personas denunciadas por corrupción.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció que el Gobierno implementará mecanismos de rastreo patrimonial para investigar los bienes y movimientos financieros de personas denunciadas por hechos de corrupción, además de impulsar acciones para recuperar recursos que hubieran sido desviados del patrimonio público.

García explicó este martes los alcances del Decreto Supremo 5706, que otorga nuevas facultades a su despacho dentro de la política de lucha contra la corrupción. Señaló que el Viceministerio coordinará con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para realizar el seguimiento de los movimientos patrimoniales vinculados a denuncias.

“No vamos a esperar que la denuncia llegue al escritorio del despacho”, sostuvo la autoridad, al señalar que la estrategia busca actuar de manera más activa frente a posibles hechos de corrupción.

El viceministro remarcó que la lucha anticorrupción no debe limitarse a identificar y procesar a los responsables, sino que también debe contemplar la recuperación del dinero que hubiera sido afectado.

“No solamente basta con identificar el hecho y procesar a la persona, sino que necesitamos que esos recursos económicos de quienes han causado daño vuelvan al patrimonio de todos los bolivianos”, afirmó.

Como parte de este nuevo enfoque, García mencionó posibles movimientos económicos realizados fuera del país por exautoridades mediante la adquisición de bienes utilizando criptoactivos. Según explicó, Bolivia buscará fortalecer su participación en mecanismos internacionales de cooperación financiera para facilitar el rastreo de capitales.

El funcionario también se refirió a investigaciones relacionadas con la infraestructura construida para el Parlamento de Unasur, caso que ya cuenta con una denuncia ante el Ministerio Público. De acuerdo con los datos expuestos por García, el daño económico señalado en este proceso alcanza los Bs 504 millones, correspondientes a una infraestructura que calificó como ociosa.

Otro de los ámbitos en los que se aplicaría el rastreo patrimonial está relacionado con las investigaciones sobre el manejo y desvío de combustible.

En ese contexto, García afirmó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contaba en 2024 con más de 420 funcionarios con ítem, cuyo costo para el Estado habría superado los Bs 60 millones. La autoridad sostuvo que estos trabajadores, según la denuncia presentada, no cumplían con las funciones correspondientes dentro de la institución.