Según la COB y los jubilados, las declaraciones del mandatario generaron zozobra. Los fondos están invertidos

“No hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron”, fue la declaración del presidente Rodrigo Paz que desató preocupación en distintos sectores de la población y generó solicitudes de explicación sobre los fundamentos de esa aseveración, aunque de acuerdo con la página web de la Gestora Pública, hasta el 27 de noviembre el fondo acumulado alcanzó los Bs 203.704 millones y, según la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el 98% de esos recursos se encuentra invertido.

Las declaraciones del mandatario provocaron una reacción inmediata de jubilados, de la Central Obrera Boliviana y de expertos, quienes coincidieron en que los fondos no se han perdido, sino que están invertidos y que cualquier afirmación sobre su desaparición requiere un respaldo técnico.

Tras la polémica declaración, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aclaró que el presidente Paz se refería a la estructura de la inversión heredada y no así a la inexistencia de recursos. “Durante los últimos años, la principal inversión de la Gestora fueron los papeles del TGN, en un contexto de 12 años de déficit fiscal, gasto insostenible y control político sobre la administración de los aportes”, expresó.

Asimismo, Espinoza aseguró que ningún jubilado ni aportante quedará desprotegido y que los pagos de las pensiones están “plenamente garantizados”. El ministro de Economía informó que se inició un proceso de evaluación y auditorías técnicas y financieras por presuntos malos manejos en la compra de valores y que en los próximos días se ampliará la información.

El exgerente de la Gestora, Jaime Durán, rechazó las declaraciones del presidente Paz y aseguró que probablemente la afirmación se deba a una mala información recibida por la primera autoridad del Estado. Remarcó que la información del Sistema Integral de Pensiones es pública y que cualquier ciudadano puede acceder a la misma en los sitios web de la Gestora y de la APS.

Durán indicó que la Gestora mantenía cerca de un 2% del total de los fondos en recursos líquidos, dentro del límite legal del 5%, y explicó que cuando la mayor parte del fondo se invierte, genera rendimientos para los asegurados.

Invertido, no gastado

Para el economista de Populi, Carlos Aranda, la frase presidencial de que “no hay los aportes en la Gestora” es inexacta. Explica que gran parte de los aportes recientes se ha destinado a com-prar bonos del Tesoro General de la Nación, lo que significa que el dinero está invertido, no gastado ni robado.
No obstante, considera que la inversión concentra riesgo en moneda nacional. “Es dinero invertido, riesgoso por la situación financiera del país, además de que ha concentrado toda la cartera del Sistema Integral de Pensiones en moneda nacional y, por tanto, ya se vio una penalización de inflación y devaluación que hemos vivido en los dos últimos años”, subrayó.

Según el reporte de la APS a junio de este año, la Gestora distribuyó sus inversiones de la siguiente manera: 48,04% en Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) en la banca; 29,53% en bonos del TGN; 7,49% en cuotas de fondos cerrados (BOB); 3,06% en bonos a largo plazo; 2,73% en cupones del TGN; 2,87% en fondos del SIP en el mercado extranjero; y 5,19% en otros instrumentos.

Exigen responsabilidad

La reacción de jubilados y la Central Obrera Boliviana (COB) fue inmediata. Mario Argollo, ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, afirmó que las declaraciones presidenciales causaron incertidumbre entre los trabajadores y aportantes. 

“Las declaraciones del presidente han sembrado pánico. Hemos hecho una petición de un informe hace dos semanas; ayer reiteramos la nota y pedimos al mandatario que aclare bajo qué fundamentos, bajo qué documentación ha salido a la prensa diciendo que no había el dinero de la Gestora”, manifestó.
Por su parte, el secretario ejecutivo de los jubilados, Rodolfo Ayala, calificó las declaraciones del presidente como “una equivocación grave” y enfatizó la necesidad de auditorías conjuntas con la COB.

“Pedimos saber cuánto de deuda tiene el Estado con la Gestora; por eso hemos pedido que se haga una intervención técnica solicitando auditoría externa e interna. Queremos conocer cómo se han hecho los contratos con estas AFP”, declaró Ayala.

EL DEBER