Las autoridades departamentales se reunirán el 16 de julio en La Paz para definir una posición conjunta sobre la redistribución de recursos, mientras el Gobierno plantea que el debate incluya autonomías y competencias.
Los gobernadores de los nueve departamentos fueron convocados a una reunión el 16 de julio en La Paz para elaborar una propuesta conjunta sobre la aplicación del modelo 50/50, iniciativa que busca redefinir la distribución de los recursos fiscales entre el nivel central y las entidades subnacionales.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, informó que el encuentro aprovechará la efeméride paceña para consensuar una posición común que permita avanzar en un nuevo pacto fiscal.
El planteamiento del modelo 50/50 establece que el 50% de los ingresos tributarios permanezca en el Tesoro General del Estado (TGE) y que el otro 50% sea distribuido entre gobernaciones, municipios y otras entidades subnacionales para financiar competencias como salud y educación.
La iniciativa fue impulsada inicialmente por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien propuso incorporar el mecanismo mediante una ley durante el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado. Sin embargo, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado no contempla cambios relacionados con esa propuesta.
Revilla respaldó la iniciativa, aunque advirtió que antes de definir porcentajes es necesario establecer el alcance del nuevo esquema de distribución y considerar las diferencias económicas, territoriales y demográficas entre los departamentos.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que el modelo 50/50 debe formar parte de un debate más amplio sobre las autonomías, las competencias y las responsabilidades de las regiones, y afirmó que este proceso podría conducir, a futuro, a una organización territorial de carácter federal.
En la misma línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, señaló que cualquier redistribución de recursos debe ser resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios.
El Ejecutivo también anunció que, además del PGE reformulado, remitirá a la Asamblea Legislativa un paquete de aproximadamente 12 leyes estructurales para su consideración.
