Gobernadores de distintas regiones del país coincidieron este sábado en exigir un nuevo pacto fiscal, mayor autonomía regional y medidas urgentes para enfrentar la crisis económica, durante el encuentro nacional convocado por el Gobierno en Cochabamba para construir acuerdos políticos y económicos.

Las autoridades departamentales advirtieron sobre la delicada situación financiera de sus regiones y reclamaron una redistribución más equitativa de recursos, además de inversiones en infraestructura, seguridad jurídica y apoyo a los sectores productivos.

Beni y Pando alertan crisis extrema

El gobernador del Beni, Jesús Égüez Rivero, afirmó que su departamento enfrenta profundos rezagos económicos y sociales pese a su potencial productivo.

“El Beni puede ser un departamento libre y productivo por los recursos naturales que tiene”, sostuvo, al remarcar que la región aporta cerca de 600 millones de dólares anuales a la economía nacional mediante la castaña, la ganadería, la agricultura y el sector forestal.

Égüez aseguró que el departamento podría generar hasta 1.000 millones de dólares en cinco años si recibe apoyo estatal, infraestructura y seguridad jurídica. Sin embargo, describió la situación financiera de la Gobernación como crítica.

“Si las demás gobernaciones están en terapia intensiva, Beni y Pando estamos en velorio”, afirmó.

La autoridad reveló además que solicitaron a ENDE una ampliación de plazo para evitar el corte de energía eléctrica debido a deudas superiores a los 20 millones de bolivianos.

En la misma línea, la gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva Padilla, reclamó mayor atención del Estado hacia la Amazonia boliviana y denunció el abandono histórico de su región.

“Pando no pide privilegios, pide condiciones justas para desarrollarse”, manifestó.

La autoridad lamentó que después de 15 años aún no se concluya la carretera troncal que conecta al departamento con el resto del país y aseguró que varias comunidades permanecen aisladas durante meses por la falta de infraestructura vial.

“¿Quieren dólares verdes? Fijen sus ojos en la Bolivia verde que tiene La Paz, Beni y Pando”, señaló.

Además, pidió que la propuesta de redistribución “50-50” tome en cuenta no solo criterios poblacionales, sino también territoriales y ambientales.

“La Amazonia no es solo población, es territorio, frontera y biodiversidad”, remarcó.

Revilla pide pacto nacional y seguridad jurídica

Desde La Paz, el gobernador Luis Revilla propuso un pacto nacional para la estabilidad económica que incluya acuerdos políticos y empresariales orientados a garantizar combustibles, generar divisas y frenar el deterioro económico.

Revilla planteó además una nueva ley de hidrocarburos, una reforma minera y un acuerdo nacional de seguridad jurídica para incentivar inversiones.

“Necesitamos una hoja de ruta concreta para enfrentar esta crisis”, sostuvo.

El gobernador paceño respaldó también la redistribución “50-50” y pidió aliviar la carga financiera de las gobernaciones, afectadas —según dijo— por deudas y competencias transferidas sin recursos suficientes.

Chuquisaca y Oruro piden reestructuración

El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, describió la situación económica de su departamento como “un estado de coma financiero”.

“No tenemos ni para pagar los servicios básicos”, afirmó.

Ayllón denunció altos niveles de migración por falta de oportunidades y pidió liberar a las gobernaciones de gastos como prediarios en cárceles, renta dignidad y otras obligaciones que considera responsabilidad del nivel central.

“Necesitamos reacomodar la casa y reconstruir el país”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Oruro, Édgar Sánchez, llamó a superar la polarización política y construir un modelo económico más equilibrado.

“El país no quiere volver ni al autoritarismo ni al pasado neoliberal”, afirmó.

Sánchez defendió una economía mixta con participación estatal y privada, además de mayores oportunidades para productores campesinos y del altiplano.

“La producción agropecuaria no puede concentrarse solo en una región”, sostuvo.

Santa Cruz defiende la Ley 1720

En representación de Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco defendió la vigencia de la Ley 1720 y cuestionó la decisión de la Cámara de Diputados de avanzar en su abrogación.

Velasco calificó la medida como “un atentado contra la libertad” de los pequeños productores y pidió regionalizar la discusión agraria para que cada departamento defina sus propias políticas.

Asimismo, insistió en avanzar hacia un nuevo pacto fiscal y reclamó mayor equilibrio entre competencias y recursos.

“Tenemos una mochila muy grande y un déficit estructural”, advirtió.

Pese a las diferencias regionales, las autoridades coincidieron en la necesidad de construir consensos políticos, fortalecer la institucionalidad y avanzar en acuerdos concretos para enfrentar la crisis económica y evitar un mayor deterioro social en Bolivia.