El Ejecutivo admite falta de socialización y enfrenta rechazo de empresarios agropecuarios.

El Gobierno anunció que trabajará en una nueva propuesta sobre la Ley 1720 de reconversión de tierras, luego del acuerdo alcanzado con sectores campesinos e indígenas que exigen su abrogación por temor a perder sus territorios.

La decisión abrió un nuevo frente de conflicto con empresarios y productores del oriente del país, quienes rechazan cualquier modificación de la norma y advierten con movilizaciones y medidas de presión.

En entrevista con BTV, el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, afirmó este jueves que uno de los principales problemas de la ley fue la falta de socialización antes de su aprobación en la Asamblea Legislativa.

Según explicó, varios sectores campesinos e indígenas interpretaron que la norma podía afectar sus tierras, aunque aseguró que el objetivo central de la ley era permitir que pequeños productores conviertan voluntariamente sus predios en medianas propiedades para acceder a créditos y financiamiento.

“La ley salió sin suficiente socialización”, reconoció la autoridad.

Vaca Díez señaló además que organizaciones indígenas de tierras bajas cuestionaron la ausencia de un proceso amplio de consulta previa. Por ello, el Ejecutivo ahora apuesta por elaborar una norma consensuada que mantenga “la esencia” de la Ley 1720, pero incorpore nuevos artículos para despejar dudas y garantizar seguridad jurídica.

“Podemos aumentarles dos o tres artículos para que todos queden tranquilos y sepan que es una ley que puede beneficiar a todos los pequeños productores, sobre todo en el ámbito crediticio”, sostuvo.

El viceministro insistió en que la normativa beneficia principalmente a pequeños productores de Santa Cruz, Beni y Tarija, especialmente en el acceso a créditos con menores tasas de interés. Sin embargo, reconoció que persiste desconfianza entre varios sectores campesinos debido a versiones e interpretaciones surgidas tras la aprobación de la ley.

Incluso algunos productores de quinua consideran que sus necesidades no pasan por acceder a créditos, sino por abrir mercados para exportar sus productos.

El conflicto dejó en evidencia divisiones entre organizaciones campesinas y sectores productivos sobre una norma que fue aprobada anteriormente por la propia Asamblea Legislativa y respaldada por parlamentarios que hoy cuestionan su aplicación.

Mientras organizaciones indígenas y campesinas marcharon durante 28 días desde tierras bajas hasta La Paz para exigir la abrogación de la ley, empresarios agropecuarios salieron en defensa de la norma y acusaron al Gobierno de ceder ante la presión social.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó la posibilidad de eliminar la ley y declaró al sector en emergencia. Su presidente, Klaus Frerking, afirmó que la normativa brinda seguridad jurídica y facilita el acceso al financiamiento para pequeños productores privados. Además, el sector advirtió con movilizaciones si la Asamblea avanza en la abrogación.

En medio de la disputa, el Gobierno busca evitar una escalada de conflictos sociales. El viceministro Vaca Díez aseguró que el Ejecutivo prioriza el diálogo para construir consensos y evitar nuevos bloqueos y protestas en el país.