El Gobierno boliviano reiteró su intención de avanzar en la aprobación de dos contratos para explotar litio con empresas de Rusia y China, a pesar de que un juzgado en Potosí ordenó su suspensión por falta de estudios de impacto ambiental. El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, afirmó que ni su ministerio ni la estatal YLB fueron notificados oficialmente sobre el fallo, por lo que exhortó al Parlamento a continuar el tratamiento legislativo. “Mientras nosotros no seamos notificados, seguimos avanzando”, declaró.

La medida judicial fue solicitada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que representa a 53 comunidades. El juez dispuso la suspensión del trámite legislativo de los contratos firmados con Uranium One Group y el consorcio chino CATL BRUNP & MOC (CBC), además de instruir al Gobierno abstenerse de ejecutar cualquier acción hasta que se evalúe el fondo del caso. La Cupconl exige garantías ambientales y respeto a los derechos de la Madre Tierra antes de seguir con el proceso.

Pese a la controversia, Arnez aseguró que los contratos aún no tienen efecto legal y que se prevé realizar consultas a las comunidades una vez sean aprobados. El Ejecutivo considera que Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, con 23 millones de toneladas estimadas. En paralelo, ya se firmaron otros acuerdos con empresas de Australia, Argentina y Francia para probar tecnologías en distintos salares del país.