El Ministerio de Economía afirma que el Gobierno central ya redujo 30% de su gasto no esencial y propone trabajar con gobernaciones, alcaldías y universidades para alcanzar la meta de disminuir el déficit al 9% del PIB.

El Gobierno nacional planteó que la siguiente etapa del ajuste fiscal involucre a gobernaciones, alcaldías, universidades y otras entidades descentralizadas, con el objetivo de continuar la reducción del déficit fiscal tras los recortes aplicados por la administración central.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que Bolivia cerró 2025 con un déficit fiscal equivalente al 12,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y que la meta para la presente gestión es reducirlo al 9%.

Según la autoridad, el Gobierno central disminuyó en 30% el gasto corriente no esencial mediante recortes en publicidad, viajes, viáticos, compras menores y la no renovación de contratos de personal considerado no indispensable.

Espinoza sostuvo que el mayor desafío para continuar reduciendo el déficit se encuentra ahora en los gobiernos subnacionales y algunas entidades descentralizadas, debido a que mantienen estructuras de gasto diseñadas para periodos en los que recibían mayores ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El ministro explicó que estas instituciones enfrentan menores ingresos, deudas acumuladas y gastos administrativos que, en su criterio, no se ajustaron a la nueva realidad económica.

Como parte de la estrategia, el Ejecutivo impulsa la propuesta denominada «50/50», que busca establecer un nuevo esquema de coordinación entre el Gobierno central y las entidades territoriales para redistribuir competencias, ordenar deudas, evitar la duplicación de proyectos y mejorar la eficiencia de la inversión pública.

Espinoza aclaró que la iniciativa no contempla incrementar los recursos para gobernaciones y alcaldías, sino definir mecanismos de corresponsabilidad y fiscalización para optimizar el uso de los recursos públicos.

Asimismo, aseguró que el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para 2026 no reduce las asignaciones destinadas a las entidades territoriales y que los ajustes aplicados hasta ahora corresponden únicamente al nivel central.

El ministro también señaló que, desde un punto de vista técnico, no considera viable la propuesta del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de coparticipar el Impuesto a las Transferencias (IT), tributo que incluso planteó eliminar.

La discusión sobre el reordenamiento de las finanzas públicas y la reducción del gasto será abordada el 5 de agosto en una reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, prevista en la ciudad de Sucre.