Bolivia está envuelta en una ola de crímenes ligados a la disputa de las mafias del narcotráfico. Secuestros, ejecuciones, linchamientos… La repuesta del gobierno de Luis Arce, a través del viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, ha sido la peor: un conjunto de obviedades y tolerancia con la violencia sicarial en el país. ¿Cómo?
La primera obviedad dicha por Aguilera en una conferencia de prensa, tras el último hecho de sicariato en el municipio de Entre Ríos, es que las las regiones que concentran la narcocriminalidad son Santa Cruz de la Sierra, el trópico de Cochabamba y Beni. Aquí su frase textual.
“Hemos focalizado tres áreas que tienen trascendencia en este tipo de criminalidad: la primera está situada en Entre Ríos (trópico de Cochabamba), la segunda en el departamento de Beni, y efectivamente en la ciudad de Santa Cruz”, dijo el locuaz viceministro y exjefe de la Policía Boliviana.
En los últimos meses, en la capital cruceña, se ejecutaron a tres extranjeros, se secuestraron a dos personas, se perpetró un doble asesinato, un brasileño hirió a un policía con un arma de fuego al darse a la fuga y el presunto narco Lorgio Saucedo murió violentamente en un ajuste de cuentas. Sin embargo, no hubo un solo detenido por parte de la Policía.
Los policías y fiscales allanan viviendas, realizan rastrillajes, anuncian avances en investigaciones, pero nada en concreto. En el trópico cochabambino, trinchera territorial de Evo Morales, pasa exactamente lo mismo después de perpetrados linchamientos, acribillamientos y acción impune de sicarios.
El jueves Reny Pablo D. L., sospechoso de secuestrar a su padrastro Erick Roberto Baeza y su hermanastro José Carlos Dorado, fue detenido en Brasil con drogas, armas, dinero y una avioneta. Para no quedar en ridículo, este viernes el Fiscal Departamental de Santa Cruz dijo que se detuvo al presunto autor intelectual de los secuestros, pero no lo presentó, como se suele hacer en la capital cruceña.
La otra obviedad dicha por Aguilera es que lo ocurrido en Entre Ríos este viernes en la tarde con la ejecución de dos hombres que se encontraban en un vehículo sin placas, en el pleno centro del municipio del trópico cochabambino, supone un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.
“Es obvio que estas matanzas son producto de ajustes de cuentas en este mundo delictivo. Merecen investigación, pese a su vínculo con el narcotráfico, debido a contratos incumplidos”, señaló la autoridad gubernamental.
La escalada de narcocrímenes en Bolivia tiene en la inacción y la tolerancia del Gobierno a grandes aliadas. Tantos crímenes cometidos en los últimos meses y no hay un solo sicario o prófugo detenido. «Activamos el plan Z», «el caso está en investigación», son las frases comunes de ministros, viceministros, fiscales y jefes policiales.
Con la siguiente frase, Aguilera confirmó que la inacción y la tolerancia institucional es la respuesta del Gobierno ante la narcoviolencia, además de la cadena de obviedades pronunciadas en una conferencia de prensa.
“Estamos elaborando una estrategia y trabajando con organismos internacionales para que estas organizaciones especiales reciban un tratamiento adecuado”, concluyó.
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