Autoridades, exportadores y sectores políticos reaccionan tras el hallazgo de más de 100 toneladas de droga en puertos chilenos.

El hallazgo de más de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera detectados en puertos de Chile generó reacciones de autoridades, sectores exportadores y actores políticos en Bolivia, quienes plantearon investigaciones para esclarecer el origen de la mercancía y las circunstancias del caso.

El fiscal general, Roger Mariaca, informó que se realizan coordinaciones con autoridades chilenas para verificar la información disponible y determinar si corresponde desarrollar acciones conjuntas de investigación.

Según explicó, se busca establecer si toda la droga reportada corresponde a un mismo operativo o a distintos procedimientos realizados en diferentes momentos. Asimismo, indicó que será necesario confirmar si la sustancia ilícita salió efectivamente de territorio boliviano, desde qué región habría partido y si procede la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación entre ambos países.

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara consideró que el caso refleja deficiencias en la lucha contra el narcotráfico y cuestionó los controles realizados por las instituciones encargadas de combatir este delito.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que hasta el momento el Estado boliviano no recibió una comunicación oficial sobre el decomiso. No obstante, anunció gestiones para coordinar con la Policía chilena e impulsar una investigación conjunta que permita esclarecer los hechos.

En medio de la polémica, la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) expresó preocupación por las repercusiones que el caso puede generar sobre el comercio exterior boliviano. La entidad pidió investigaciones rigurosas y cooperación internacional, además de evitar conclusiones anticipadas que puedan afectar a empresas que operan dentro del marco legal.

En la misma línea, la Cámara Forestal de Bolivia rechazó que se vincule al conjunto del sector maderero con actividades ilícitas. La organización sostuvo que las empresas forestales formales cumplen con los procedimientos establecidos y advirtió que controles extraordinarios y retrasos en las exportaciones ya están generando perjuicios económicos y daños a la imagen del sector.

Las autoridades bolivianas y chilenas prevén intercambiar información en los próximos días para determinar el alcance del caso y establecer las responsabilidades que correspondan.