El Gobierno y la Cámara Inmobiliaria de Bolivia acordaron mantener durante agosto las condiciones de pago vigentes en los contratos de compra de inmuebles, mientras se instalan mesas técnicas para resolver la controversia por la aplicación del tipo de cambio en algunas operaciones.
ElGobierno y laCámara Inmobiliaria de Bolivia alcanzaron este lunes un primer acuerdo para mantener durante agosto los planes de pago establecidos en los contratos de compra de bienes inmuebles, mientras ambas partes desarrollan mesas técnicas para encontrar una salida al conflicto generado por el tipo de cambio aplicado en algunas operaciones.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía,José Gabriel Espinoza, tras una reunión con representantes del sector inmobiliario en Santa Cruz.
“Hay un primer acuerdo que es que, durante este mes, se va a mantener los planes de pagos que se tenían previamente acordados con las empresas que forman parte de la Cámara, mientras trabajamos en mesas técnicas para facilitar la continuidad de los pagos y el cumplimiento de los contratos”, explicó la autoridad.
Espinoza indicó que el objetivo de estas mesas será garantizar el cumplimiento de los contratos y preservar la seguridad jurídica tanto para compradores como para las empresas.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo,Óscar Justiniano, destacó la disposición del sector formal para alcanzar una solución, aunque advirtió que durante las revisiones también se detectaron presuntas irregularidades.
“No queremos meter en la misma bolsa al sector inmobiliario con piratas que se aprovecharon de la gente que compró terrenos con toda la ilusión de acceder a una propiedad”, afirmó.
El titular de Economía ratificó que el Estado garantizará la seguridad jurídica de los contratos suscritos conforme a la normativa vigente, pero advirtió que actuará cuando se identifiquen cláusulas abusivas o cobros que excedan lo permitido por la ley.
En esos casos, explicó, intervendrán elViceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor y las entidades competentes para proteger a los compradores.
Finalmente, Justiniano señaló que Defensa del Consumidor revisará los contratos para verificar que no vulneren los derechos de los usuarios y certificar que estén libres de cláusulas abusivas antes de validar su cumplimiento.
