La decisión anunciada por Estados Unidos confirma que el crimen organizado transnacional ya no puede abordarse únicamente desde la incautación de droga y exige una respuesta regional contra las estructuras financieras y logísticas.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó que la reciente decisión de Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) confirma la necesidad de ampliar el enfoque de la lucha antidroga hacia toda la estructura del crimen organizado transnacional.

La declaración surge después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara hace unas horas la designación de ambas organizaciones brasileñas como grupos terroristas globales, señalando su alcance regional, capacidad operativa y vinculación con redes internacionales de narcotráfico.

“Esta decisión confirma una realidad que Bolivia no puede ignorar: el crimen organizado transnacional ya no puede ser visto solo como un problema policial o de incautación de droga”, afirmó Justiniano.

La autoridad sostuvo que la dimensión actual de organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho supera ampliamente el ámbito tradicional del narcotráfico. “No se trata solamente de Brasil ni de Estados Unidos. Se trata de organizaciones con capacidad financiera, logística, territorial y armada, que cruzan fronteras, articulan rutas, lavan dinero, corrompen instituciones y generan violencia”, señaló.

El PCC y el Comando Vermelho son considerados dos de los grupos criminales más grandes y violentos de Brasil, con operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y control territorial en distintas regiones de América Latina.

Justiniano advirtió además que la decisión internacional no alcanza únicamente a los líderes o miembros directos de esas organizaciones, sino también a las estructuras que facilitan sus operaciones.

“La señal también alcanza a sus redes de apoyo: operadores logísticos, financistas, lavadores, proveedores, enlaces territoriales, estructuras de protección y quienes facilitan su movimiento con silencio, omisión o impunidad”, sostuvo.

El viceministro remarcó que las investigaciones contra el crimen organizado deben extenderse hacia los circuitos financieros y logísticos que permiten sostener las operaciones ilícitas.

Según la autoridad, uno de los principales desafíos para Bolivia consiste en ampliar la mirada sobre el fenómeno del narcotráfico y enfocarse en la estructura completa que sostiene estas actividades. “Para Bolivia, la implicancia es directa: la lucha antidroga debe mirar toda la cadena criminal, no solamente el cargamento final”, afirmó.

Justiniano explicó que esa estrategia requiere fortalecer capacidades de investigación, inteligencia, control territorial, cooperación internacional y persecución del financiamiento ilícito. El objetivo debe ser intervenir las redes económicas y operativas que permiten la expansión de estructuras criminales transnacionales.

También señaló que el carácter transnacional de estas organizaciones obliga a consolidar mecanismos de coordinación entre Estados. “Cuando el crimen organizado cruza fronteras, la respuesta del Estado también debe tener alcance regional”, afirmó.

El máximo responsable de la lucha antidrogas sostuvo que Bolivia debe fortalecer capacidades orientadas a afectar no solamente el transporte de droga, sino también las estructuras de financiamiento y protección que sostienen a las organizaciones criminales. “Esta es la línea que Bolivia debe consolidar: más capacidad real para golpear dinero, logística, rutas, protección y articulación criminal”, afirmó.

Finalmente, la autoridad ratificó la continuidad de las acciones estatales contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Seguiremos trabajando con firmeza, coordinación y resultados”, sentenció.