El proyecto de Ley de Alivio Tributario, actualmente en tratamiento legislativo, busca que el Estado boliviano recupere entre el 20% y el 35% de la deuda tributaria acumulada, estimada entre Bs 25 mil y 35 mil millones, mediante mecanismos de condonación parcial, regularización y facilidades de pago.
La propuesta retoma algunas medidas aplicadas en 2016 durante el gobierno de Evo Morales, cuando se promulgó la Ley 812 que modificó el Código Tributario e introdujo beneficios como la reducción de multas e intereses, el “arrepentimiento eficaz” y la disminución del plazo de prescripción de las deudas tributarias.
El economista Luis Romero explicó que la nueva normativa tiene como objetivo principal recuperar recursos para el Estado en un contexto de menor liquidez fiscal, priorizando el cobro parcial de obligaciones antes que mantener montos elevados con baja probabilidad de recuperación.
“En términos prácticos, funciona como un perdonazo parcial”, sostuvo el analista.
Según las estimaciones, el Estado dejaría de percibir cerca de Bs 18 mil millones al aplicar las medidas de alivio previstas en la normativa.
El proyecto, aprobado en las cámaras de Diputados y Senadores con algunas modificaciones, contempla cinco medidas orientadas a reducir la carga tributaria y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Entre los principales puntos se encuentran la condonación de tributos correspondientes a periodos anteriores a 2017 y a la gestión 2020, la regularización de adeudos tributarios, la reducción del plazo de prescripción de ocho a cuatro años y modificaciones a la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Asimismo, la propuesta excluye las promociones empresariales del alcance de la Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar.
La normativa también establece mecanismos de regularización para deudas acumuladas entre 2018 y 2025, permitiendo pagos al contado o planes de pago de hasta 36 cuotas mensuales, con reducción parcial de intereses y sanciones.
Desde el sector empresarial surgieron observaciones al texto del proyecto. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Olivo, advirtió que algunas disposiciones contienen ambigüedades que podrían generar inseguridad jurídica y afectar la reactivación económica.
Olivo cuestionó particularmente la exclusión de beneficios para deudas iguales o superiores a Bs 10 millones, señalando que la norma no especifica bajo qué condición deben encontrarse esas obligaciones tributarias.
Entre los beneficios incluidos en el proyecto figuran la condonación de multas, intereses y sanciones para contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional correspondientes a periodos anteriores a enero de 2018.
Además, la reducción del plazo de prescripción tributaria de ocho a cuatro años busca, según el informe legislativo, fortalecer la seguridad jurídica para contribuyentes y empresas.
