La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia advirtió que vigilará el desarrollo de la evaluación y reiteró su demanda de reconocer la antigüedad y la experiencia como criterio para el ascenso.

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) se declaró en estado de alerta ante la aplicación del Examen de Ascenso de Categoría 2026 y anunció un seguimiento permanente al proceso para verificar el cumplimiento de las normas y resguardar los derechos laborales del magisterio.

En un pronunciamiento público, la organización recordó que en anteriores convocatorias se registraron denuncias por preguntas ambiguas, errores técnicos, contenidos que presuntamente no correspondían a la bibliografía oficial, observaciones a la calificación y supuestas filtraciones de exámenes.

La dirigencia advirtió que, si estas irregularidades vuelven a presentarse, el Ministerio de Educación deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias que puedan derivarse del proceso.

La CTEUB también cuestionó que los docentes deban rendir periódicamente una evaluación para acceder al ascenso de categoría, mientras —según afirmó— persisten demandas relacionadas con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el reconocimiento del bono de antigüedad.

En ese contexto, la Confederación reiteró su propuesta de establecer el ascenso automático de categoría, argumentando que la trayectoria, la experiencia y los años de servicio deben ser reconocidos como un derecho laboral.

Entre sus demandas, el magisterio urbano pidió al Ministerio de Educación garantizar un proceso «legal, transparente y objetivo», entregar a cada postulante una copia del cuestionario aplicado para facilitar la revisión de la evaluación, atender de forma inmediata las denuncias sobre preguntas mal elaboradas o contenidos fuera de la bibliografía oficial y respetar el Reglamento del Escalafón Nacional.

Finalmente, la organización advirtió que no aceptará que el examen sea utilizado como un mecanismo de exclusión o restricción de derechos y señaló que, si se registran vulneraciones al reglamento o a las garantías laborales del sector, las organizaciones sindicales definirán las medidas de presión que consideren necesarias.