La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, que establece sanciones penales para quienes bloqueen carreteras y también prevé responsabilidades para autoridades que no actúen ante estos conflictos. La propuesta será remitida al pleno para su tratamiento.
El presidente de la comisión, Manolo Rojas, explicó que la iniciativa incorpora el delito de obstrucción grave a las rutas públicas. Las penas contempladas van de tres a 10 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y la gravedad de las acciones. La sanción máxima está vinculada a hechos en los que se ejerza violencia o se ponga en riesgo la integridad de civiles, policías o militares.
La propuesta también establece responsabilidades para autoridades que, pese a ser notificadas sobre un conflicto, no lo atiendan o no lo deriven a la instancia correspondiente. Según el diputado Omar Muriel, tendrán un plazo de 15 días hábiles para actuar; de incumplir sus deberes podrían enfrentar una agravante de dos tercios sobre la pena correspondiente.
De acuerdo con la explicación de los legisladores, la sanción para autoridades podría alcanzar hasta seis años y dos meses. La norma busca aplicar responsabilidades tanto a quienes ejecuten los bloqueos como a funcionarios que tengan competencia para intervenir y no adopten las medidas correspondientes.
El proyecto fue elaborado a partir de la unificación de 10 iniciativas legislativas relacionadas con la libre transitabilidad. Durante su análisis, la comisión recibió y revisó observaciones y aportes de distintas instituciones y sectores.
La propuesta establece además que la protesta pacífica está permitida siempre que no afecte los derechos de terceros. Tras su aprobación en comisión, el proyecto deberá ser considerado por el pleno de la Cámara de Diputados, donde todavía puede ser objeto de modificaciones durante su tratamiento legislativo.
