El Bloque de la Construcción declaró emergencia nacional y exigió al Gobierno adoptar medidas urgentes para restablecer el equilibrio económico de los contratos de obra pública, afectados por el incremento de costos y las distorsiones cambiarias. Advirtió que, ante la falta de respuestas concretas, asumirá acciones institucionales y legales en defensa del sector.
El pronunciamiento fue suscrito por la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción (CSTCB), que plantearon implementar un mecanismo permanente de reajuste de precios mediante una fórmula polinómica que incluya todos los componentes e insumos de las obras.
Entre sus principales demandas también figuran el pago de planillas adeudadas, el abastecimiento garantizado de diésel y la actualización de los presupuestos referenciales de acuerdo con los precios vigentes del mercado. El mecanismo propuesto deberá sustentarse en índices oficiales y aplicarse tanto a los contratos en ejecución como a los futuros.
El sector cuestionó la aplicación del Decreto Supremo 5597, aprobado para atender los desequilibrios económicos de los contratos y garantizar la continuidad de las obras. Según el bloque, las dificultades administrativas y operativas impiden que la norma cumpla ese objetivo y dejan a las empresas expuestas a costos extraordinarios y obligaciones financieras difíciles de sostener.
Asimismo, exigió que YPFB garantice el suministro de diésel para las obras públicas o que se reconozca el costo real del combustible importado. También pidió compensar las diferencias cambiarias en los componentes importados, ampliar los plazos contractuales sin multas cuando los retrasos respondan a la falta de combustible o insumos y establecer un cronograma vinculante para cancelar las deudas pendientes.
El pronunciamiento también cuestiona las mesas técnicas instaladas con las autoridades, al considerar que no tienen capacidad para resolver los problemas ni ofrecen garantías de cumplimiento. Por ello, el bloque pidió la intervención directa del presidente Rodrigo Paz para definir soluciones integrales y definitivas.
Finalmente, las organizaciones advirtieron que el incremento de los costos compromete la capacidad operativa y financiera de las empresas, pone en riesgo la continuidad de los proyectos y amenaza las fuentes laborales de profesionales y trabajadores. Ratificaron su estado de emergencia nacional y anunciaron que coordinarán medidas con sus afiliados en todo el país.
